Este miércoles, a las 13, se realizó una audiencia pública en la Legislatura porteña en donde se analizó y discutió el Convenio Urbanístico entre la Ciudad y la Nación para afectar y desafectar la zonificación de terrenos en las zonas de Retiro y Puerto Madero donde se van a realizar las obras del Paseo del Bajo. Esa parte del proyecto es conocida como Catalinas Norte 2.
El convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad, la Administración de Bienes del Estado nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación se refiere al predio de más de 12 hectáreas delimitado por la avenida Antártida Argentina, la calle San Martín, la avenida Madero y la calle Cecilia Grierson.
Ya fue ratificado por la Legislatura en primera lectura y tras la audiencia pública sólo resta la sanción definitiva de la ley.
El proyecto incluye la creación de espacios verdes y obras de utilidad pública, promoviendo la revitalización de sectores y corredores comerciales y la instalación de equipamientos.
El carácter relevante de la vinculación implica promover variadas estrategias de movilidad sustentable, tales como alta accesibilidad al transporte público colectivo y ciclovías seguras.
El plan se relaciona con el Paseo del Bajo, que es la obra vial paisajista de conexión rápida entre las zonas norte y sur de esta Ciudad, vinculando la Autopista Illia (que lleva hacia la avenida General Paz, el Acceso Norte y la ruta Panamericana) con la Autopista a La Plata.
Los bienes inmuebles desafectados de la actividad portuaria serán afectados a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas urbanas de la Ciudad.
De los espacios que se rezonifican un 70 por ciento será destinado a uso público y un 30 por ciento a emprendimientos privados.
Los detalles fueron explicados en el salón San Martín de la Legislatura porteña durante una audiencia pública realizada entre las 13 y las 14.30.
Expusieron funcionarios, vecinos y representantes de organizaciones civiles plantearon sus dudas o críticas, también asistieron diputados porteños.
La audiencia fue conducida por el legislador Agustín Forchieri (Pro), en su carácter de presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, con la presencia de los legisladores Lía Rueda, Emilio Raposo Varela, Paula Villalba, Eduardo Santamarina, Cristina García, Esteban Penayo, Maximiliano Sahonero, Natalia Persini, Jian Ping Yuan y Claudio Niño (PRO) y Adrián Camps (PSA).
En la misma expusieron el Director General de Relaciones Contractuales de la Procuración General de la CABA, Daniel Lefler; el Director General de Datos, Estadísticas y Proyección Urbana, Guillermo Raddavero; el Secretario de Planificación de Transporte, Germán Bussi, y el Subsecretario de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Marcelo Palacio.
Al finalizar la audiencia, la directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, denunció que la obra tiene un costo demasiado caro para la Ciudad. “Es una obra carísima (costará 6 millones de pesos) habiendo opciones más económicas de hasta 1 millón de pesos”, criticó. Además, sostuvo que el proyecto oficial“contradice el Plan Urbano Ambiental y el Plan de Prevención de Cambio Climático en la Ciudad”.
Asimismo, explicó que la realización de la obra implicará “la venta de tierras públicas nacionales del ferrocarril y la pérdida de espacios verdes para hacer negocios inmobiliarios con la excusa de la financiación del proyecto”.
