Denunciaron: “Para no cumplir con la orden judicial, el Pro buscará las mayorías en la Legislatura para eliminar uno de los mecanismos más novedosos de participación ciudadana en un ámbito parlamentario y que operativiza el mandato de transformar el Gobierno de la Ciudad en una Democracia Participativa”.
Luego, añadieron: “La Tribuna Popular en esencia es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos al Cuerpo Legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa”.
También, ratificaron: “El Despacho de mayoría N° 278/2017 establece que la Tribuna Popular sólo consistirá en la participación ciudadana a través de manifestaciones en una sesión especial convocada con temario específico de interés para la ciudad. Es decir, la ciudadanía ya no tendrá participación en forma previa a cada una de las sesiones de la Legislatura, sino solamente en una sesión especial que tendrá cómo único objeto escuchar a la ciudadanía y no el tratamiento de proyecto de ley alguno”.
Asimismo, el Observatorio del Derecho de la Ciudad manifestó: “La inmoralidad de la Legislatura porteña llegará a niveles extremos en el caso de aprobarse este despacho. La Tribuna Popular estuvo reconocida como un derecho de la ciudadanía hace alrededor de 20 años y la Legislatura nunca cumplió con garantizar ese derecho. Hace un año que la Justicia de la Ciudad, con sentencia firme, ordenó a la Legislatura cumplir con dicho derecho. Tampoco lo hizo. Hace un mes que la Justicia estableció multas y aún así sigue sin cumplir”.
Por último, añadieron: “Este Despacho de Mayoría también viola el principio de progresividad que rige en materia de derechos humanos. El derecho a participar y a la Democracia Participativa es un derecho humano. Cuando se avanza en institutos que dan mayor ejercicio y garantía de este derecho, el Estado no puede retroceder. Es un derecho adquirido. Con la aprobación de este Despacho, la Legislatura se estaría burlando de la justicia y la ciudadanía. También se violarían los principios esenciales sobre los cuales se estructura el sistema de derechos humanos”.
