Diciembre de 2010 quedará marcado por los hechos de violencia desatados en el barrio de Villa Soldati, en el que perdieron la vida tres personas. El martes 7 de diciembre de 2010, unas 1.500 familias (alrededor de 13.000 personas) tomaron el Parque Indoamericano, en el límite entre Soldati y Villa Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de argentinos, gran parte de los ocupantes eran procedentes Bolivia, Paraguay y Perú. Hubo un fallido intento de desalojo inicial, muy violento, del que participaron las policías Federal y Metropolitana, que dejó un saldo de dos víctimas mortales: Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y su vecina Rosemary Chura Puña oriunda de Bolivia. El Gobierno nacional ordenó de inmediato el retiro de la Policía Federal del lugar.
Los días siguientes fueron de enfrentamientos entre vecinos de Villa Soldati y Villa Lugano organizados en patotas que querían recuperar su parque y los ocupantes. Todo se dio en medio de una pelea política entre el jefe porteño, Mauricio Macri, quien aducía no contar con las fuerzas de policía necesarias para calmar la situación, y el Gobierno nacional, que, argumentando que se trataba de un problema local, mantuvo al mínimo la participación de la Policía Federal luego de la represión. En ese marco de violencia, el ciudadano boliviano Emiliano Canaviri Álvarez pasó a engrosar la lista de los asesinados.
Luego de varios días de extrema tensión, el Gobierno nacional acordó con el Ejecutivo porteño el envío de la Gendarmería para cercar el parque y evitar incidentes. También mandó a la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina para custodiar los edificios aledaños. El Gobierno de la Ciudad, por su parte, introdujo ayuda humanitaria, alimentos, baños químicos y el SAME. A través de su Ministerio de Desarrollo Social, procedió a realizar un censo para conocer la situación de los ocupantes. El 15 de diciembre las personas dejaron el predio bajo las promesas de ser incluidos en un plan de viviendas que nunca se concretó.
La toma del Parque Indoamericano generó un efecto cascada. Se ocupó un predio privado del club Albariño, en Villa Lugano, un frigorífico abandonado en Bernal (partido de Quilmes), una exhilandería en González Catán y un edificio que perteneció al Jabón Federal en Villa Madero, en La Matanza; también, un predio perteneciente a una empresa de contenedores, ubicada entre las calles Santander y Timoteo Gordillo, a metros de la toma del club Albariño, una cancha de fútbol también en Bernal y una fábrica abandonada en el barrio de Barracas.
Causas en trámite
En diciembre de 2012, después de analizar las pericias, videos y testimonios, el fiscal Sandro Abraldes concluyó que la Policía Metropolitana había sido responsable de los disparos mortales y de las heridas –con el mismo tipo de proyectiles– que sufrieron otras seis personas. En abril pasado la jueza Mónica Berdión de Crudo –a instancias del fiscal– llamó a indagatoria a 33 efectivos de la Metropolitana por el delito de “homicidio en agresión” y a 12 policías federales por “homicidio y lesiones imprudentes”.
La imputación es por homicidio en agresión en el caso de los policías de la Metropolitana porque no es posible determinar el autor individual. Lo que está probado para el fiscal es que durante el violento desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, Chura Puña y Salgueiro fueron alcanzados por balas de plomo calibre 12 milímetros, compatibles con las escopetas de munición múltiple que usan las fuerzas policiales. A Salgueiro le dispararon desde el puente de la avenida Escalada. A Chura Puña la mataron una hora más tarde, en la otra punta del predio. El operativo estaba a cargo de División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), comandada por el policía Ricardo Ferrón.
La causa tuvo idas y venidas. Ya en diciembre de 2011 Abraldes había pedido la indagatoria de los efectivos y de la jueza penal porteña, María Cristina Nazar, que ordenó el desalojo. Sin embargo, el juez Eliseo Otero sobreseyó a todos los sospechosos. La situación se revirtió en mayo de 2012, cuando la Sala I de la Cámara del Crimen decidió apartar a Otero y dio el aval a la investigación de la fiscalía.
También hay otra causa en trámite, que es por la ocupación. En ella continúan acusados dos referentes de la Villa 20, Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli, quienes rechazaron en su momento realizar una probation para eludir el proceso penal, debido a que “aceptarlas equivalía a negociar la sangre de los compañeros caídos”. En diciembre del año pasado, la jueza penal y contravencional porteña María Gabriela López Iñiguez sobreseyó del delito de “usurpación”, pero el Ministerio Público Fiscal porteño apeló la medida y ahora debe resolver la Cámara.