Hace pocos días nos llegó al Parlamento de Mujeres de la Legislatura porteña, que integro en representación de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), una denuncia de las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las profesionales manifiestan que la situación es crítica debido a “la reducción de personal de 500 a 280 trabajadoras, precarización laboral, problemas de infraestructura y mantenimiento, deterioro de la capacidad de atender las demandas, prevenir la violencia hacia las mujeres y cubrir la asistencia a las víctimas”.
La Dirección General de la Mujer es un organismo dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social al interior del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad, de por sí un organismo des-jerarquizado. El presupuesto con el que cuenta en el año 2016 es de unos 85 millones de pesos, lo cual representa tan sólo el 0,07% del total del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2012 la Ciudad adhirió a la Ley Nacional 26845 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales. La Dirección cuenta con un Observatorio de Equidad de Género, sin embargo el mismo no produce datos estadísticos. Según un monitoreo realizado por Mumalá, en la Ciudad de Buenos Aires ocurrieron al menos diez femicidios después la masiva movilización del #NiUnaMenos del 3 de junio de 2015.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta hace años con dos casas refugio, una de las cuales admite hospedaje de las mujeres víctimas de violencia con sus hijos. Hace pocos días se inauguró una nueva casa refugio en el barrio Los Piletones de Villa Soldati a cargo de Margarita Barrientos con 30 camas. Los Centros Integrales de la Mujer (CIM) son 6 en toda la Ciudad, aunque la Ley 5466 dispone que debe haber al menos un CIM por cada una de las 15 comunas porteñas hasta un máximo de una población de 50.000 mujeres a ser atendidas por comuna.
La noticia del ajuste en la Dirección de la Mujer de Ciudad coincide temporalmente con el mensaje de preocupación lanzado en las redes sociales por los profesionales del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la Nación. Los trabajadores alertan sobre la escasez de recursos y la situación inestable de continuidad de sus contratos que ponen en riesgo la ya limitada aplicación de la Ley Nacional 26150 de Educación Sexual Integral en los distintos niveles del sistema educativo a diez años de su sanción. Entre otros contenidos pedagógicos la Ley de Educación Sexual Integral propone prevenir entre las/os adolescentes los noviazgos violentos y los abusos.
A un año del #NiUnaMenos y en una situación de emergencia por violencia de género con un femicidio cada 30 horas en el país, es imprescindible multiplicar los presupuestos para garantizar la aplicación de las leyes que defienden los derechos humanos de las mujeres con políticas públicas concretas. La vida de las mujeres no puede ser una variable de ajuste.
Laura González Velasco es educadora. Integrante del Parlamento de Mujeres de la Legislatura Porteña y del Consejo Económico y Social- Referente de Libres del Sur en la Ciudad de Buenos Aires.