A través del ministerio de Trabajo de la Nación, liderado por Jorge Triaca, el Gobierno parece responder a la marcha que el 21 de febrero encabeza Hugo Moyano pero que contará con la adhesión de una buena parte del sindicalismo argentino.
Ahora, como a un perro al que le pisan la cola, el Estado realizará auditorías de balances, transferencias y obras sociales a 80 sindicatos, incluso al de Camioneros que es, en definitiva, uno de los mayores propulsores de la movilización contra la gestión de Mauricio Macri.
Esta acción también se enmarca en las causas por irregularidades contra los Moyano cuya denuncia fue impulsada por la diputada Graciela Ocaña, y en medio de las presiones oficiales a sindicalistas para que se bajen de la protesta.
Así, el Ejecutivo intimó a Camioneros por falta de suministro de datos para monitorear las memorias, balances y movimientos de fondos con la obra social, que son las dependencias que reciben el grueso de los fondos de los gremios.
Este relevamiento consta de revisar balances contables, cruces de informacióncon la AFIP, listado de afiliados y especialmente el análisis de los movimientos de fondos entre las obras sociales y los sindicatos.
En los casos en los que se detecten anomalías intervendrán otros organismos, como la AFIP o Unidad de Información Financiera (UIF), que ya presentó en la Justicia reportes de operaciones sospechosas entre el Camioneros, OCA (vinculada a Moyano) y empresas manejadas por su familia, como su esposa Liliana Zulet.
Además, previo a la paritaria docente en Provincia ya hubo inspeccionesen la Federación de Educadores Bonaerenses, liderada por Mirta Petrocini. Mientras que SUTEBA, a cargo de Roberto Baradel -el más duro de los dirigentes de esta actividad en Provincia- será uno de los próximos gremios en auditarse. En el caso del gremio de los Moyano, la inspección será despuésde la marcha del 21 de febrero.
