El cuatro de julio del año pasado, justo diez días antes de las elecciones de 2015, la Policía Metropolitana allanó el domicilio del programador Joaquín Sorianello, que había detectado una falla de seguridad en la Boleta Única Electrónica, que estaba a punto de ser utilizada por primera vez en las elecciones de la ciudad.
Unos días antes, Sorianello había advertido a los medios -a través de la cuenta @fraudevotar- que la firma Magic Software Argentina (MSA) había cometido un fallo al filtrar por Internet los certificados SSL de seguridad de las terminales que enviaban los datos del escrutinio provisorio desde las escuelas donde se realizarían los comicios al centro de cómputos.
Siempre a través de su cuenta del pájaro azul, Sorianello denunció que “después de encontrar una vulnerabilidad grave en el sistema de voto electrónico a MSA están allanando mi casa los de delitos informáticos”, agregando que “parece que tocar al voto electrónico es tocar intereses muy grandes. Configuran mal un server, avisás, te allanan la casa”, satirizó.
El especialista advirtió que “cualquier persona malintencionada podría, con estos certificados SSL, enviar resultados falsos del escrutinio. También podría realizar un ataque de denegación de servicio, es decir, transmitir tantos resultados que hagan que el sistema no pueda procesar los recuentos genuinos”.
Paralelamente, un grupo de especialistas informáticos explicó que “el sistema de voto electrónico escogido para las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires permite alterar los resultados del escrutinio en cada mesa”, al que podría sumársele “externamente” más votos para un candidato determinado.
El operativo contra la casa de Sorianello fue ordenado por la titular del juzgado Nº 20 de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas María Luisa Escrich y, según el damnificado, “se llevaron computadoras, kindles y toda clase de memoria”.
Finalmente, el 1º de agosto pasado, poco más de un año después de los episodios, Sorianello fue liberado de culpa y cargo mediante un dictamen de la Fiscalía Nº 7 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La víctima de la injusticia declaró que “lo interesante, más allá de la situación que viví, es que empiece a haber jurisprudencia sobre lo que se llama hacking ético, para avisar sobre la vulnerabilidad de un sistema”.
Luego, el especialista denunció que su detención “se silenció totalmente, la gente fue a votar con total tranquilidad”, a pesar de él había advertido sobre una tremenda falla en el sistema que utiliza la empresa MSA, que podía provocar que “se podían enviar resultados falsos”.
La Justicia ordenó, en esta ocasión, todos los equipos que le fueron sustraídos en el allanamiento. En este punto, Sorianello volvió a denunciar que “yo estaba desarrollando aplicaciones y se llevaron todo mi material de trabajo, suspendí lo que estaba haciendo y empecé a trabajar en una empresa de seguridad informática. Mi rutina de vida y trabajo cambió un montón. Uno se da cuenta de las implicancias para uno denunciando algo, y de lo fácil que pueden hacerte daño. Uno se pone un poco paranoico”, concedió.
En este punto, habría que advertir que en los comicios que se realizaron finalmente el cinco de julio de 2015, para elegir jefe y vicejefe de Gobierno y 30 legisladores porteños, hubo denuncias de “sobrevotos” en las Comunas 11 y 14, que no llegaron a la Justicia. De todos modos, su sola existencia significa una nota de advertencia sobre la transparencia de la solución electrónica aplicada a los sistemas de votación.
No estaría demás recordar que la utilización del voto electrónico ha sido desechada en países como Alemania, Holanda, Irlanda, Finlandia y el Reino Unido, siempre por la misma razón: insuficiencias en la seguridad cibernética.
