El juez federal Claudio Bonadio fue amenazado de muerte. El mensaje fue recibido el jueves por su secretaria privada, según informaron fuentes judiciales al portal Infobae. Un día después, el magistrado que entiende en causas sensibles para el Gobierno realizó una denuncia penal, que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.
Antes de la feria judicial, Bonadio se había transformado en uno de los principales enemigos del Gobierno. Sucede que el magistrado instruye la causa Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros de la familia presidencial.
La compañía de la presidenta Cristina Kirchner fue denunciada por la diputada nacional Margarita Stolbizer por irregularidades societarias y fiscales. A mediados de noviembre, Bonadio ordenó un allanamiento en las oficinas de la empresa. A partir de allí, su apellido se convirtió en uno de los blancos preferidos de los voceros del oficialismo. Tal fue el grado de la embestida, que la mayoría kirchnerista logró que el Consejo de la Magistratura sancionara a Bonadio y le descontara el 30% de su salario por una denuncia añeja.
Días después, la avanzada del Gobierno contra el juez federal se trasladó a Tribunales. Romina Mercado, presidente de Hotesur, pidió su recusación. El planteo fue rechazado en primera instancia y se espera una definición de la Cámara federal para los próximos días.
No son pocos los operadores judiciales que creen que Bonadio podría ser desplazado de la investigación. Hay un antecedente que le da fuerza a esta hipótesis. La Sala I de la Cámara cuestionó la actitud de Bonadio luego de que el abogado de Mercado, Carlos Beraldi, denunciara que le restringieron el acceso a los papeles de la causa.
Los jueces que integran esa sala son Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero. Este jueves serán protagonistas de una audiencia en la que el abogado que defiende los intereses de la familia Kirchner expondrá sus argumentos para desplazar a Bonadio de la investigación.
Estos camaristas han dado muestras de sintonía fina judicial con el kirchnerismo. Farah y Freiler fueron quienes desecharon las grabaciones del caso Skanska, donde un ejecutivo admitió haber pagado coimas y haber “consolidado” valijas que le llevaban “al pingüino de acá cerca”. Finalmente esas incriminaciones no pudieron ser utilizadas en el expediente.
Son, además, los mismos magistrados que pusieron al borde de la nulidad los mails hallados en las computadoras del testaferro Ricardo Jaime. En esos correos aparecía evidencia clara de casos de corrupción que involucraban a funcionarios y empresarios.
Los tres camaristas respaldaron a Oyarbide en otra causa en la que el kirchnerismo se interesó particularmente: las escuchas telefónicas ilegales por las que había sido procesado Mauricio Macri. Y en las próximas semanas serán noticia no sólo por su intervención en el caso Hotesur: la suerte del vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone depende de sus firmas.
