El tema de AUSA fue aprobado por 40 votos positivos y 18 negativos. Unidad Ciudadana y Evolución rechazaron el proyecto.
La Legislatura porteña aprobó, en primera lectura, modificaciones a la ley 3060 que creó Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), a fin de incorporar el Paseo del Bajo y otras arterias a su red vial, extender la concesión a esa empresa estatal hasta el 2049 y permitir la adecuación de las tarifas por diversas variables, a fin de poder aplicar nuevas formas automáticas de cobro de peajes.Para sancionar definitivamente esta norma, deberá antes pasar por Audiencia Pública.
“Otórgase la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “La Red”, y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el Anexo I de la presente Ley y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, inciso b) y 5º de la Ley Nacional Nº 17.520, modificada por la Ley Nacional Nº 23.696, a la empresa Autopistas Urbanas S.A., a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años”, dice el primer artículo de la norma sancionada este jueves.
Y agrega que, “cumplido el plazo establecido en el párrafo anterior, extiéndase por veinte (20) años el plazo de concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, otorgado a la empresa Autopistas Urbanas S.A., venciendo ésta el día 23 de septiembre de 2049”. (Hasta ahora, la adjudicación caducaba en 2029).
Lo aprobado por los diputados de la Ciudad también habilita que “El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el plan de obras asignado a AUSA por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad.”
Tal como explicó el presidente de Ausa, Carlos Frugoni, al exponer ante los legisladores en reunión de comisiones, las nuevas pautas tarifarias son para adecuarlas a la futura aplicación del sistema de pase dinámico, sin barreras ni cabinas de peajes (“free flow”), con el objetivo de evitar accidentes, automatizar el cobro, evitar el ensanche de trazas que causan embudos de tránsito y dar fluidez al paso de los vehículos. Los empleados que quedarían sin tareas por la eliminación de las casillas de pago de peajes serán reasignados a otras funciones dentro de la empresa, según ya se convino con el sindicato pertinente.
El nuevo método permitirá cobrar peaje por tramos, por kilómetros recorridos, según horarios, en base a la captación electrónica de la chapa patente y otros detalles del automotor. Esto permitirá diversas formas de pago, como débito automático y la utilización de aplicaciones web y de telefonía móvil.
El Anexo I a la norma detalla cuáles son las vías de tránsito involucradas, con inclusiones y adecuaciones según los cambios a producirse, como el Paseo del Bajo, cuyas obras están actualmente en un 60 por ciento de ejecución y que se prevé inaugurar el 30 de abril de 2019.
La “Red de Autopistas y Vías Interconectadas” estará compuesta por:
Autopista 25 de Mayo (AU-1).
Autopista Perito Moreno (AU-6).
Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7).
Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane.
Autopista Presidente Arturo Frondizi (AV-1 Sur).
Autopista Presidente Arturo Umberto Illia (AV-1 Norte).
Avenida Lugones.
Avenida Cantilo
Paseo del Bajo.
Av. 27 de Febrero.
Av. 9 de Julio.
Av. Rafael Obligado.
Av. Castillo.
Av. Güiraldes.
Av. Gendarmería Nacional.
Av. Antártida Argentina.
Los fondos obtenidos por AUSA SA deberán ser destinados a “Explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las autopistas y vías rápidas consignadas (las primeras nueve del listado) y a la ejecución de la puesta en valor y ampliación que la autoridad de aplicación ordene sobre las avenidas consignadas (el resto de las avenidas)”.
Otro destino de los recursos obtenidos será “la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura”, lo cual ya estaba establecido en la ley original.
También se legisló que “la Comisión de Seguimiento creada por el artículo 13 de la ley 3060 está integrada por los/as Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, de Planeamiento Urbano y de Tránsito y Transporte y diez (10) diputados/as; respetando la proporción en que los sectores políticos están representados en el seno de la Legislatura”.
El proyecto del Ejecutivo fue tratado con despacho conjunto de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto y se aprobó en primera lectura con 40 votos positivos de Vamos Juntos, Bloque Peronista y Partido Socialista y 18 negativos de Unidad Ciudadana, Evolución, AyL, PTS-FIT y FIT.
En el debate, Gastón Blanchetiere (VJ) hizo de miembro informante como presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos y habló del “modelo de gestión exitoso de una empresa pública estatal,” del ahorro que significa la realización de obras por medio de AUSA por la descarga de 21% de IVA y señaló que la extensión de la concesión da certezas “para operaciones de crédito”.
María Rosa Muiños (BP), apoyó en nombre de su bancada el proyecto oficial pero cuestionó severamente el artículo referido al cuadro tarifario, que propuso modificarlo en el tratamiento en particular, aunque sin conseguir los votos necesarios. El cuestionamiento fue por incluir para el cálculo de las tarifas de peajes el costo de obras públicas ordenadas por el Gobierno de la Ciudad. Aseveró que “es inconstitucional por tratarse de una doble imposición”. Toda la oposición coincidió en el planteo de Muiños, así como también estuvieron de acuerdo en reclamar más inversión en la ampliación de la red de subterráneos, con los fondos que recauda AUSA.
Carlos Tomada (UC) puntualizó: “No estamos de acuerdo con el tratamiento exprés de las leyes y de votar en abstracto, sin información precisa”. Sintetizó que lo propuesto por el oficialismo es “más tarifazos y más endeudamiento”.
Juan Nosiglia (EV), por su parte, adhirió a las críticas anteriores y agregó objeciones por el aumento ya realizado del 53% en las tarifas de peaje en lo que va del año, que podría seguir incrementándose con la nueva norma, explicó. También protestó porque la Comisión de Seguimiento no se reúne, pese a que debería autorizar las obras asignadas a AUSA y los informes trimestrales de gestión.
También hablaron para oponerse Patricio Del Corro (PTS-FIT) y Gabriel Solado (FIT), quienes aludieron a “cheque en blanco para tarifazos y endeudamiento”, “modelo privatizador” y “caja paralela para obras del Estado”.
Si bien se trata de una Sociedad Anónima, AUSA es una empresa cuyo accionista casi absoluto es el gobierno de la Ciuda, con una mínima participación de la empresa de Subterráneos (Sbase). Integra el sector público y es alcanzada por los sistemas de control internos y externos de la Ciudad de Buenos Aires, a través de 14 entes en total.
AUSA mantiene y explota las autopistas y también es una empresa constructora vial para el Gobierno de la CABA. Actualmente tiene a cargo las obras del Paseo del Bajo y los tres grandes viaductos ferroviarios, entre otras. Tiene una planta de personal de 1.100 empleados y hay otros miles contratados para las obras en marcha.
De lo que recauda por peajes, destina hasta un 40% a administración y mantenimiento de sus autopistas; un 5% es utilizado para el fondo permanente de la ampliación de subtes y el porcentaje restante se invierte en otras obras públicas encomendadas por el Gobierno de la Ciudad.
Actualmente circulan por su red vial un promedio de 600 mil vehículos diarios (de los cuales aproximadamente la mitad paga peaje, porque hay tramos colectores o no tarifados). “Debido a lo exitoso que ha resultado este modelo de gestión, tanto en lo referido a la realización de obras públicas, como a la gestión de la seguridad vial en la traza otorgada en concesión, el presente proyecto tiene como objetivo considerar una extensión del plazo de la concesión actual”, explicó en sus fundamentos el proyecto gubernamental.
