El exministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio de Vido, está cada vez más complicado. El juez Claudio Bonadio inició un nuevo procesamiento judicial por la distribución de subsidios a los colectivos del Área Metropolitana y a otras líneas del interior del país.
Durante el primer gobierno kircherista, las subvenciones a los colectivos se repartían de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros transportados por las empresas, entre otras cuestiones. Asimismo, las entidades presentaban declaraciones juradas con relevamientos que indicaban lo pedido y, en base a eso, el Estado pagaba las contribuciones correspondientes.
Sin embargo, en los colectivos se activó un sistema de control que antes no existía, luego de la implementación de la tarjeta SUBE y la instalación de dispositivos de GPS.
En cuanto a la causa judicial, luego de comprar los datos previos y posteriores a los controles, se determinó que hubo empresas que cobraron entre el 5% y el 50% de más. Asimismo, se detectó un perjuicio para el Estado por unos 609 millones de pesos, que de ese total, 403 millones correspondían a la entrega de dinero en efectivo a las sociedades y 205 millones en gasoil subsidiado para los colectivos.
Pero De Vido no está solo, ya que también fueron procesados, sin prisión preventiva, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y el diputado nacional por el FpV, Alejandro Ramos. En este caso, el juez les fijó embargos a todos los imputados en virtud del monto de la defraudación, siendo para el exfuncionarios kircherista, 1000 millones de pesos.
En el mismo contexto, fueron imputados también los cabecillas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero.
En la resolución firmada por Bonadio se explica la maniobra:
“El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a la actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con formulas de cálculo diferentes, ademas del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más”
“En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas”
Luego de esta resolución, queda finalizada la primera parte de la causa. Sólo restaría citar a declarar a los directivos de las empresas, a quienes se los acusa de quedarse con las subvenciones.
