Legisladores de la Ciudad trabajaron este martes en comisiones, donde se analizan y discuten los proyectos que, luego de ser dictaminados, pasan a su debate y votación en sesión ordinaria.
La Comisión de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ) continuó con el extenso y meticuloso debate del proyecto destinado a reconsiderar detalles del Código Urbanístico sancionado a fines de 2018 y promulgado como ley de la Ciudad 6.099.
Como se viene aclarando desde el comienzo de su discusión, el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo impulsa modificaciones a propuesta o solicitud de los profesionales, funcionarios y vecinos que, al aplicar las normativas del flamante Código Urbanístico, se encontraron con dudas, algún vacío normativo o contradicción, la necesidad de pedir aclaraciones o algún término erróneo.
Por eso, en consonancia con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos, la Jefatura de Gobierno de la CABA elaboró el proyecto de ley modificatoria, que ya fue intensamente analizado en comisión, por asesores, especialistas y legisladores, obtuvo una aprobación en primera lectura y fue sometido a audiencia pública durante dos jornadas, con las exposiciones de los funcionarios oficiales y la participación de más de 200 inscriptos.
También este martes, volvió a reunirse la Comisión de Planeamiento Urbano con funcionarios del área respectiva del Ejecutivo, para repasar las inquietudes, críticas y ponencias de la Audiencia Pública, convertidas ahora en rectificaciones o agregados al proyecto en tratamiento, que seguirá en deliberación, consulta y adecuación antes de ser despachado para su sanción definitiva.
Álvaro García Resta es el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad que encabeza el equipo de funcionarios abocados a esta tarea conjunta con el Poder Legislativo. El martes envió a la comisión parlamentaria a varios de sus funcionarios para explicar los últimos cambios o correcciones. Entre otros, intervinieron los directores de Interpretación Urbanística, Sandra Tuya, y de Patrimonio Urbano, Emiliano Cruz Michelena.
Se insistió que lo que se busca es “una normativa más precisa, que aporte mayores certidumbres en la aplicación técnica” de los preceptos legales y, a la vez, generar “mayor competitividad y transparencia”.
Más especificaciones, simplificación de trámites, incorporación de definiciones para la comprensión y aplicación del CU, así como unificación de terminología y de conceptos con los códigos de Edificación y de Habilitaciones, son algunas de las premisas planteadas por quienes trabajan en la nueva ley.
Por ejemplo, habrá precisiones del léxico urbano ambiental (donde se usan expresiones nuevas como techo verde, parque ecológico, cubierta nativa, patio vertical, parche urbano); un único nomenclador de cuadro de usos; explicación de nueva terminología logística, etcétera.
Justicia y la Ley de Seguridad
La Comisión de Justicia, presidida por Martín Ocampo (UCR), trató este martes un expediente que ya había obtenido dictamen en la comisión de Seguridad, que conduce Claudio Cingolani (VJ). Se trata del proyecto de ley del Frente de Todos que procura legislar mayores controles y garantías ciudadanas frente al sistema de video vigilancia, especialmente en lo referido al reconocimiento facial de personas.
La iniciativa es de autoría de Claudia Neira, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Roberto (FdT). Neira dijo hoy en la comisión de Justicia que “esta ley requiere un consenso amplio y democrático”, por lo que fundamentó el pedido de su bloque de girar el proyecto también a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, a cargo de la diputada Montenegro.
La intención es convocar a organizaciones civiles para que opinen sobre la iniciativa referida al control de los procedimientos y el manejo de las imágenes de video vigilancia.
Cingolani resaltó que el monitoreo de personas o prófugos funciona a solicitud de la Justicia y destacó que la Ciudad tiene su propio sistema de video vigilancia, reconocido como de alta calidad. Ocampo apuntó que la propia ley del Sistema Integral de Seguridad Pública ya tiene todo un capítulo regulatorio de la video vigilancia, “aunque igualmente es interesante escuchar las opiniones de la sociedad civil”.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos también deliberó este martes y despachó varios proyectos de declaración y resolución.
