A fines de los ochenta, una banda insomne y pantanosa, que lideraban el Indio Solari y Skay Beillinson, aullaba sobre eléctricos riffs que “todo preso es político”. A esa realidad poética, que nunca cambió ni va a cambiar, en estos tiempos hay que agregarle el malestar por la pandemia del coronavirus.
La propagación de la enfermedad convirtió a las cárceles de todo el país en una especie de infierno privado en el que nadie entra. Los motines que hubo en varias de ellas tienen que ver directamente con la situación de hacinamiento que viven los presos.
Por poner solo un caso, basta ver lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. El coronavirus obligó a tomar medidas extraordinarias de higiene y control y las autoridades oficiales comunicaron que casi la totalidad de los 45 mil presos alojados en su sistema sobrepoblado aceptaron renunciar a que sus familias los visiten, en medio del anuncio de compras masivas de barbijos y jabón.
Luego y para tratar de evitar que los motines continuaran, tras un fallo del Tribunal de Casación, se autorizó el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a los presos mientras dure la cuarentena obligatoria por el coronavirus, aunque para ello estableció un protocolo.
Noticias Urbanas accedió en exclusiva a un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que se hace un relevamiento de las unidades penitenciarias de todo el país. El relevamiento se hizo a fines de marzo y los números no son nada alentadores.
Lo que más preocupa a las autoridades es que en medio del coronavirus y debido a la superpobalación de las cárceles, los motines aumenten y la situación se torne inmanejable, debido a que también los guardiacárceles tienen temor a actuar por la pandemia. Eso convertiría a las cárceles en tierra de nadie.
El informe oficial dice, sobre la situación de las cárceles en territorio bonaerense que “la población total de reclusos en la provincia de Buenos Aires sería de 43.668 en total, de los cuales son 41.878 masculinos y 1.690 femeninos y trans. Desde el SPB no se descartaría que se produzcan motines en algunas unidades, teniendo como excusa la pandemia del Covid-19”.
Según el informe la medida de suspender las visitas “habría tenido el aval tanto de los directivos, así como también de los referentes de los distintos pabellones y al momento no se presentarían disturbios, ni internos con síntomas de Covid-19”.
Sin embargo, según una fuente del Ministerio de Seguridad consultada por este medio, ésta aseguró que la situación sigue siendo complicada, debida a la cuarentena y la pandemia.
Otro dato importante. En el informe queda claro que “uno de los problemas que se puede presentar es la disponibilidad de medicamentos especiales (insulina, medicamentos coronarios, etc.) a nivel general”. O sea que preocupa que falten los medicamentos necesarios para los detenidos con enfermedades graves.
En la provincia de La Pampa, “al no haber Servicio Penitenciario Provincial, muchos de los internos se encuentran cumpliendo sus condenas en alcaidías y comisarías de la provincia” y además el informe se alerta acerca de que “al momento no se registran inconvenientes, aunque con el correr de los días y debido a la suspensión del régimen de visitas, no se descartan posibles protestas por parte de los internos”.
La situación es delicada en todo el país y las medias que se toman desde Nación y los gobiernos provinciales tratan de ir en el mismo sentido.
El informe detalla que “el Gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso asignar una partida de 15 millones de pesos para reforzar la vigilancia sanitaria en las Unidades Penitenciarias de la provincia por el coronavirus. Como parte de una estrategia de prevención, 180 operadores sanitarios fueron asignados a la realización de un ’mapeo’ entre los internos, para detectar quiénes padecen patologías que los encuadren como parte de grupos de riesgo o enfermedades respiratorias. Cabe destacar que hasta el momento no se han dado cifras oficiales sobre la cantidad de internos que se encuentran en grupo de riesgo. Posteriormente, la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe resolvió suspender provisoriamente el ingreso de familiares y allegados de las personas privadas de su libertad en las Unidades Penitenciarias de todo el territorio provincial, hasta el 31 de marzo. Asimismo, otras medidas preventivas tendientes a evitar la circulación de personas comprendería la suspensión provisoria de salidas transitorias, entre otras”.
En Córdoba la situación también se complicó en determinado momento. “El sistema carcelario está compuesto por 10 cárceles provinciales. En todo el sistema se estima que hay aproximadamente 10.000 internos, de los cuales 4500 corresponderían a la cárcel de Bouwer. El pasado 20 de marzo se suspendió el régimen de visitas, situación que aún se mantiene. Ese mismo día, en el Complejo Carcelario de Bouwer, un grupo de unos 30 presidiarios realizaron un reclamo que obligó a la intervención del grupo antimotines del Servicio Penitenciario, situación que logró controlarse sin inconvenientes. En la actualidad no se registraron nuevos disturbios ni conflictos de mayor gravedad que puedan iniciar un motín”, detalló el informe.
Por su parte y para evitar motines y contagios, el Servicio Penitenciario de Misiones resolvió determinar las siguientes medidas preventivas de cara a la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país por la propagación del covid-19 (coronavirus):
– Suspender temporalmente las visitas intercarcelarias, domiciliarias y laborales de los internos (salidas transitorias) en principio hasta el 31 de marzo. – Limitar a 2 (dos) las visitas a los internos, siempre que ambas cuenten con el aval de los médicos para su ingreso y no presenten síntomas de la enfermedad.
– Prohibir hasta el 30 de marzo, el ingreso de menores de 12 años ni mayores de 65. – Prohibir de igual manera el ingreso de extranjeros que hayan estado en zonas de riesgo, embarazadas, inmunodeprimidos, en ninguno de los penales.
– Creación de lugares de aislamiento especialmente acondicionados para los internos en el Complejo III de Eldorado y la UP VIII de Cerro Azul, ante posibles casos de personas privadas de su libertad que presenten síntomas de la enfermedad.
– Suspender todas las audiencias ante magistrados penales de los detenidos penales procesados e imputados.
Todas las fuentes consultadas por NU destacan que hay que seguir de cerca la situación de las cárceles. En una nota, luego de los motines que hubo en varias cárceles días atrás, la directora general de la Comisión Provincial de la Memoria, Sandra Raggio, dijo que “hay que tomar medidas urgentes para bajar la población carcelaria y que se concedan prisiones domiciliarias para población de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con patologías graves”.
Hubo motines en Santa Fe, Córdoba, Concordia y Florencio Varela entre otras cárceles del país. Aunque la situación se tranquilizó también hay que destacar otro foco de conflicto: la situación de los guardiacárceles, que se quejan por la falta de ciertos insumos para protegerse del coronavirus.
Entretanto, agentes del Servicio Penitenciario del Penal de Villa Las Rosas, en Salta, realizaban una huelga de hambre por la carga horaria de trabajo impuesto y por las malas condiciones de salubridad. El personal de servicio está en estado de alerta por el flagelo del coronavirus.
Todos estos datos no hacen más que dejar al desnudo la situación que se vive en las cárceles de todo el país en medio de la pandemia. En esta ocasión, tanto los presos como sus carceleros deben cuidarse de un mismo enemigo, invisible y mortal.
