La legisladora Fernanda Vallejos (Frente de Todos) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que es la punta del iceberg del cambio de paradigma que atravesará a la Argentina en los próximos años. que rápidamente obtuvo el apoyo de los principales referentes del Gobierno y aliados. Vallejos, una “pura sangre” del grupo del Amado Boudou, logró interesar a Máximo Kirchner y luego entre todo el espacio sumaron el apoyo de Claudio Moroni, un hombre de extrema cercanía y confianza del Presidente. Trascendidos desde el Congreso a este medio afirmaron que el “el proyecto de Vallejos es de máxima, el gobierno no lo sostendrá así, pero la idea es trabajar sobre cómo bancos y empresas arreglan las deudas contraídas, para decirlo de otra manera o pagan lo que le deben o entregan acciones, que elijan las empresas”.
Esto de alguna manera llevaría al proyecto a actuar sobre el tema de las empresas declaradas en quiebra o en convocatoria y tengan a los bancos nacionales como principales acreedores de las mismas y no sobre las ayudas por causa de la debacle económica y la ayuda girada durante el COVID- 19.
En la superficie y desde lo genérico, se pudo saber que la legisladora propuso que el Estado se involucre con una parte del paquete accionario de las empresas si estas poseen deudas fiscales importantes y elijan repartir beneficios a sus accionistas antes que saldarlas.
Así, existe ya un caso paradigmático de una empresa aparentemente saludable que repentinamente cayó en default en los últimos meses del año pasado. Se trata de la alimenticia Vicentín, que debe a otras empresas del sector agrícola y a los bancos Nación, Ciudad, BICE y Provincia la friolera de 1.350 millones de dólares.
El Nación es el banco que lidera el consorcio de acreedores, ya que la deuda mayor es con éste y es en las oficinas de Plaza de Mayo adonde el proyecto de Vallejos es mirado con mayor simpatía, por lo que podría ser el “leading case” de esta norma.
La última declaración de los voceros y abogados de Vicentín se produjo en la primera semana de febrero. “Todos los esfuerzos de la empresa se encuentran dedicados a alcanzar los objetivos prioritarios que ha hecho saber a los distintos interesados: la defensa de las fuentes de trabajo, la rehabilitación de su actividad productiva, el restablecimiento de su operatoria comercial con sus productores y la reestructuración de su pasivo financiero”, dijeron.
El resultado fue la presentación, en dos ocasiones, de propuestas de pagos por parte del directorio de Vicentín que todos sus proveedores consideraron insuficientes, por lo que las negociaciones continuaron desde entonces, con todos los obstáculos que significó el estallido de la pandemia, que demora significativamente, aún por estos días, su culminación. Habría que agregar que no sólo la pandemia demora la solución del conflicto, porque existe una actitud reticente de parte de los directivos de la empresa.
Inclusive, uno de los principales accionistas de la empresa, Gustavo Nardelli, fue apresado por Prefectura el 24 de marzo último mientras navegaba sin autorización en su yate Champagne por el río Paraná, en los comienzos del aislamiento decretado por el Poder Ejecutivo. Aún aguarda el fin del aislamiento para ser indagado.
El efecto del proyecto de la diputada –que es muy cercana al exvicepresidente Amado Boudou- podría generar una catarata de pagos de distintos acreedores, que suelen confiar en la existencia de un “estado bobo”, que deviene en un incesante proveedor de fondos, sin contrapartida.
En realidad, Vallejos no se inspiró en las empresas que por estos días fueron subsididadas por el Estado, ante la paralización que provocó la pandemia, sino que existen numerosos “casos Vicentín”, de empresas morosas que se muestran reticentes a cubrir sus deudas.
El mensaje que intentan enviar desde el Estado es el siguiente: es necesario pagar las deudas, sino el Estado se convertirá en su socio. Lo peor que podría pasarle a una empresa que no honra a su acreedor, hasta hoy bobo, es que éste se vuelva ansioso por llevar a cero las cuentas impositivas.
“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, propuso Vallejos a través de Twitter.
La diputada recomendó que “un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”.
La legisladora planteó que “si los recursos no alcanzan para todos”, sería “injusto” ayudar a las empresas, porque en esta caso deberían existir otras prioridades, como “homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades”, anotó en su lista.
La oposición contestó con chicanas de pobre factura. “El proyecto convierte a Argentina en Venezuela”, Advirtió la ínclita Patricia Bullrich. Por su parte, el diputado Waldo Wolff acotó inteligentemente que “la diputada Vallejos nos tiene acostumbrados a estas cosas, tiene esa visión socialista de Puerto Madero”. Más serio, el radical mendocino Luis Petri se quejó porque “el Gobierno aprovechando el estado de necesidad de las empresas intente quedarse con su paquete accionario a cambio de ayuda”.
Vallejos fundamentó también su proyecto en que “la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”, por lo que “resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”.
