El cuarto piso del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad fue el lugar elegido para congregar a las máximas autoridades de la Ciudad relacionadas con la justicia. En la tarde del jueves, el Consejo de Justicia de la Ciudad (órgano creado recientemente por decreto de Mauricio Macri) celebró su primera sesión.
“Es una iniciativa necesaria para que la Justicia de la Ciudad siga creciendo y para lograr que sea absolutamente autónoma. Agradezco el trabajo que todos los actores de la justicia van a realizar, y es importante destacar que el objetivo es mejorar sin tener una política partidaria sino una política pública para lograr un mejor servicio de justicia”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro en sus palabras de bienvenida.
El temario para la primera reunión era conciso: establecer un reglamento interno del consejo y tratar una propuesta de creación de una Justicia Vecinal basado en un proyecto diseñado por el fiscal general Germán Garavano. “Este proyecto es una base para nuestro trabajo que terminará con una propuesta de declaración o de ley para su tratamiento legislativo”, explicó el subsecretario de Justicia, Javier Buján, quien detalló que la iniciativa plantea una prueba piloto con 5 tribunales distribuidos en las comunas, integrados por 3 jueces (uno técnico y 2 legos) y, 6 jurados que estarán a disposición para el caso que se solicite un juicio por jurados.
Sin embargo, al iniciarse el debate sobre el proyecto de un sistema de justicia que resuelva los problemas entre vecinos, otros temas ganaron la escena.
“Hace dos años que estamos pidiendo la ratificación de la ley de transferencia de competencias penales”, dijo la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Marta Paz, cambiando el eje del debate.
“La transferencia no sólo es el traspaso de competencias, también es el traspaso de los recursos. Aún no nos han pasado los recursos correspondientes a los dos primeros convenios de transferencias, y ese incumplimiento se ha judicializado. Está pendiente la resolución judicial que creo va a terminar en la Corte. Si llegáramos a hacer operativa la ley de transferencias penales (conocido como el tercer convenio) tendríamos que hacernos cargo no sólo de miles de causas, también de 4092 personas privadas de la libertad”, remarcó Buján, dejando en claro que para asumir las nuevas competencias transferidas por una ley del Congreso se debe cumplir con dicha ley y concretar el traspaso de los fondos necesarios de la Nación a la Ciudad.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano, hizo la propuesta de “plantear que la Legislatura haga una declaración para que la Nación cumpla con la transferencia de fondos y recursos que se comprometió por ley a transferir”. A lo que el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Martín Ocampo, respondió proponiendo que sea el Consejo de Justicia el ámbito desde el que se reclame al parlamento una declaración.
La primera sesión del Consejo de Justicia culminó con un nuevo temario para la próxima reunión: definir un texto para proponer a la Legislatura que apruebe una declaración instando al Gobierno Nacional a cumplir con la transferencia de fondos judiciales vinculados a las competencias traspasadas; a propuesta del vicepresidente del TSJ, José Casás, la realización de un cuadro comparativo entre todos los proyectos presentados en la Legislatura sobre Justicia Vecinal para definir puntos de coincidencia y discrepancias; y a solicitud de la titular de la secretaría de coordinación de las tres áreas del Ministerio Público, Teresa Moya, avanzar en un proyecto para la digitalización de la justicia y la firma electrónica.
La reunión contó con la participación de Montenegro, Buján, Lozano, Casás, la jueza del TSJ Inés Weinberg de Roca; el fiscal General Germán Garavano; la defensora general adjunta, Graciela Christe; la asesora general tutelar adjunta, Angeles Burundarena; la representante del Ministerio Público Teresa Moya; el presidentes de las Cámaras porteñas Esteban Centanaro y Marta Paz; el legislador Martín Ocampo; y los consejeros de la Magistratura de la Ciudad Laura Grindetti, Gustavo Letner y Jorge Enríquez.
