Desde el año 1996 la creación de Tribunales de Vecindad es una misión impuesta a la Legislatura por la Constitución porteña pero que la política no ha podido cumplir aún. Más allá de las numerosas jornadas de debate para avanzar con la creación de una justicia vecinal, y de los proyectos legislativos que a través de los años se han presentado, la voluntad política para poner en funciones tribunales de menor cuantía nunca fue suficiente. Sin embargo, algo parece haber cambiado.
Días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el decreto 273/13, el cual tiene como fin crear el “Consejo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En los fundamentos, el titular del Ejecutivo local remarca que crear un Consejo de Justicia resulta conveniente y necesario para “planificar y programar en forma unificada entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad, los procesos de transferencias de competencias judiciales”, también para realizar un seguimiento de los traspasos, y además, para “asesorar en lo concerniente a nuevas competencias e instancias judiciales que pudieran constituirse”.
Estas nuevas instancias judiciales que pudieran constituirse se centran, según informó a Noticias Urbanas el subsecretario de Justicia porteño, Javier Buján, en “la concreción de una justicia vecinal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En la cláusula transitoria duodécima, inciso cinco, la carta magna local establece que el Parlamento deberá crear una justicia vecinal con tribunales en cada comuna, que deberán estar integrados por tres jueces. Problemas entre vecinos, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales de bajo monto y prevención en materia de violencia familiar son algunos de los temas que estos tribunales deberían atender.
La forma que tomarán estos nuevos tribunales (si los jueces serán legos o no, por ejemplo), la totalidad de los temas de los cuáles se ocuparán y si para presentar un caso ante ellos se requiere de patrocinio letrado o no (un abogado matriculado que represente), son algunos de los puntos que el Consejo de Justicia creado por Macri deberá esclarecer.
“El Consejo es un instrumento útil y eficaz para que los proyectos de justicia vecinal y de transferencia de competencias judiciales sean consensuados por todos los actores del Gobierno de la Ciudad en forma rápida, eficaz, democrática y próxima al vecino”, explicó Buján, quien de acuerdo al Decreto tendrá a cargo su aplicación.
Este Consejo de Justicia estará integrado por representantes de los tres poderes del Estado local: el Presidente y vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano y José Casás; el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella y Alejandra García; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; el subsecretario de Justicia, Javier Buján; el director General de Justicia, Adrián De Stéfano; el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Martín Ocampo; representantes del Ministerio Público (Germán Garavano, Mario Kestelboim y Laura Musa) y los presidentes de las Cámaras locales, Marta Paz (fuero Penal, Contravencional y de Faltas) y Esteban Centanaro (fuero Contencioso Administrativo y Tributario).
En dos semanas se celebrará la primera sesión del Consejo de Justicia.
LA JUSTICIA Y EL PARLAMENTO
El interés por dotar al Poder Judicial de la Ciudad de tribunales vecinales no es nuevo. “La Justicia Vecinal es nuestra y hay que ejercerla”, afirmó en noviembre del año pasado, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, durante un encuentro con esta justicia de menor cuantía como eje. Este interés por parte del Consejo porteño no se ha diluido y, como muestra de esto se llevó a cabo meses atrás en la Comuna 14 una representación de un caso testigo de un conflicto entre vecinos, dirimido ante un Juez vecinal.
Si bien desde el órgano administrador de la justicia porteña sigue firme la intención de brindar a los porteños un servicio de justicia que resuelva los conflictos entre vecinos, para dar cumplimiento a la Constitución de la Ciudad que contempla la creación de Tribunales Vecinales, es la Legislatura la que debe sancionar una Ley específica.
En el Parlamento porteño varios son los proyectos presentados que plantean la creación de una justicia vecinal, pero la mayoría de ellos, ya han perdido estado parlamentario. El proyecto ingresado más recientemente para crear tribunales vecinales ingresó a la Legislatura a comienzos del período 2013 a propuesta de un legislador PRO.
De autoría del legislador Jorge Garayalde, el proyecto propone la creación de 15 tribunales, “uno por cada comuna, integrado por tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo, de instancia única, oral, pública y de proceso sumarísimo y simplificado”. La propuesta plantea que los jueces sean abogados, designados por concurso, y establece la obligatoriedad del patrocinio letrado (la participación de abogados en representación de las partes).
Desde el kirchnerismo también se impulsa una propuesta para crear tribunales vecinales. Presentado en 2011 por la legisladora María José Lubertino, el proyecto para la creación de un sistema de justicia vecinal también plantea instaurar tribunales de 3 miembros, establece como monto máximo para reclamar la suma de 5000 pesos, propone que el patrocinio letrado sea optativo pudiéndose recurrir al servicio jurídico gratuito del Gobierno de la Ciudad, y divide el proceso en una instancia prejudicial de mediación y otra judicial en el caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes.
Con la creación del Consejo de Justicia dispuesto por Mauricio Macri, sumado esto a la experiencia promovida por el Consejo de la Magistratura para difundir entre los vecinos cómo sería la justicia vecinal, y al compromiso asumido meses atrás por el presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, quien en la jornada de debate sobre tribunales de vecindad ratificó el interés “del Ejecutivo y sus legisladores para resolver los conflictos de vecindad”, se estarían dando las condiciones propicias para iniciar seriamente un debate que culmine con un proyecto consensuado para cumplir con el mandato constitucional de dotar al vecino porteño de una justicia que resuelva aquellos conflictos menores que hoy no tienen respuesta en sede judicial.
