Efectivos de la Policía Metropolitana y personal del Gobierno de la Ciudad fueron denunciados penalmente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por diversos hechos que cuadrarían en figuras delictivas en el marco de un violento operativo de allanamiento y desalojo realizado días atrás en el barrio de Once.
La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, concurrió el pasado 7 de febrero ante la justicia penal nacional para denunciar a funcionarios y efectivos policiales por “procedimientos irregulares” que afectaron los derechos humanos de vendedores ambulantes que habitaban un predio en la calle Sarmiento al 2800.
En la denuncia formulada por Pierini se describen numerosos testimonios de personas que fueron afectadas por acciones violentas y abusivas en un allanamiento efectuado por la Policía Metropolitana a pedido del Ministerio Público Fiscal porteño y autorizado por la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Graciela Dalmas.
Según la presentación judicial que recayó en el Juzgado de Instrucción N° 2, Fiscalía 21, los efectivos policiales y funcionarios del Gobierno porteño participantes del allanamiento habrían cometido varios delitos, entre los que se mencionan vejaciones y privación ilegal de la libertad.
Para fundar la denuncia por el delito de vejaciones, en el escrito al que tuvo acceso Noticias Urbanas se señala la declaración de una mujer que relató que “habrían obligado su hijo y a su esposo a desnudarse en el baño provocando que aquellos vivenciaran una situación humillante y angustiante sin justificativo alguno y en claro exceso de la orden que debían cumplimentar”.
El delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público se funda en el relato de una señora que habitaba el domicilio allanado en el que se describe “personal policial habría apuntado con armas a su hijo menor de edad y luego habría precintado sus manos dejándolo en el baño” afectando “la capacidad volitiva natural de movimiento” del menor.
En la presentación judicial también se presentan denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz que “el personal policial encargado de llevar adelante los procedimientos que fueron realizados los días 28 y 29 de enero del corriente año, habría procedido al secuestro de distintos bienes pertenecientes a los nombrados y, en algunos casos, no habrían labrado las actas de secuestro respectivas mientras que, en otros, habrían omitido incluir ciertos bienes, consignando el secuestro de bienes que nunca fueron secuestrados en poder de los perjudicados”.
Finalmente, la acción judicial presenta testimonios que permitirían fundar una acusación por coacción agravada ya que, de acuerdo a los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo personal policial que estaba llevando a cabo el procedimiento requirió a dos personas de nacionalidad senegalesa que firmaran el acta de allanamiento “y al negarse estos por no comprender el idioma, el personal policial los habría apuntado con un arma en sus cabezas obligándolos así a firmar, encuadrando tales hechos, en principio, dentro de la figura prevista en el art. 149 ter, inciso 1 del Código Penal”.
Será la fiscalía nacional la que deberá profundizar las investigaciones e identificar a los funcionarios intervinientes en el cuestionado operativo.
