En medio de la polémica, el Gobierno nacional decidió recurrir a la base de datos del ANSES, que tiene información sobre 32 millones de personas, “con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno”. Esta iniciativa generó un fuerte rechazo en ONGs y desde el Frente para la Victoria hasta el Frente Renovador, evalúan ir a la Justicia por supuesta violación de la Ley de Protección de Datos Personales y a la Constitución.
El Boletín Oficial publicó la Resolución 166 que difunde el “Convenio Marco de Cooperación” entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública, que dirige Jorge Greco, y que está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Con este acuerdo firmado el 22 de junio, el Ejecutivo tendrá acceso a base de datos más completa del país con información como Nombre y Apellido; DNI; CUIT/CUIL; Domicilio; Fecha de Nacimiento; y Teléfonos. Incluso podrá solicitar información detallada de 32 millones de ciudadanos como el Correo Electrónico; el Estado Civil y el nivel de Estudios.
En la resolución, el Gobierno sostiene que usará estos datos “con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno y con mensajes de utilidad pública que le resulten de relevancia, procurando en este punto la mayor precisión posible”. Todos estos criterios los definirá la Casa Rosada.
Desde la oposición no están conformes y realizarán denuncias en la Justicia, tal como adelantó la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño: “Voy a hacer una presentación judicial. Esta resolución claramente viola el derecho de hábeas data, además de la ley 25.326 (de protección de datos personales) y el artículo 43 de la Constitución”, detalló la legisladora. El kirchnerismo también recurrirá al Poder Judicial.
