Cuando se deja atrás Caminito, Vuelta de Rocha y se avanza apenas unas cuadras por Pedro de Mendoza, se entra acaso en el lado B de La Boca, ese que no se vende en los paquetes turísticos, solo apto para las cámaras escépticas pero audaces, ávidas de realidad. Quien por allí transita se encuentra con pibes que en el mejor de los casos piden monedas, familias perfectamente ordenadas en la lógica del cartoneo, lo gris, lo negro, lo que está debajo de la cáscara xeneize. Y si sigue por Pedro de Mendoza, llegará hasta un edificio antiquísimo, de esos centenarios, que ocupa casi media manzana a la altura del 2147. Descours Cabaud CIA – Fierros y aceros, se presenta la mole. ¿Futuro enclave del paseo ribereño? Podría ser, porque se trata de un edificio histórico amparado por la Ley Nº 2.548 de Promoción Especial de Protección Patrimonial. Podría ser, si no fuera porque allí funciona otro depósito de Iron Mountain. Ay, la historia reciente.
Y el dato sería nada más morboso –un gancho justo al episodio de Barracas a comienzos de febrero, cuya trama Noticias Urbanas expuso detalladamente– si no fuera porque el inspector de la Subsecretaría de Trabajo del GCBA, Edgardo Castro, ya acostumbrado a los flashes de denuncia, advirtió en estos días que en La Boca y también en los depósitos que la empresa tiene en Villa Lugano, en Saraza 6135/39, 6251/85 y Cañada de Gómez 3825/75 (ya clausurados en mayo de 2007), al menos por fuera –otra vez la cáscara– las cosas no están nada bien. “El viernes 21 de febrero fui al depósito de Pedro de Mendoza 2147, que aparece en la web de Iron Mountain. Desde afuera registré varias deficiencias básicas, como la toma de incendio destruida, falta de salida de emergencia, cables expuestos, material desprendido de la fachada, todas las cuales implican riesgo. Y adentro debe suceder lo mismo”, explicó Castro. Y pidió, claro, que en caso de ser necesario, se clausure de inmediato el depósito. Pero aún no se produjo ninguna inspección al interior del edificio. Y eso que todavía está tibio el trágico antecedente de Barracas.
Entre las irregularidades detalladas específicamente, se denuncia la falta de identificación del establecimiento y el número de habilitación expuesto en el exterior, conforme a normativa; la inexistencia de salidas de emergencia; la falta de toma de agua de bomberos en el exterior, dado que la que se observa está deteriorada, expuesta sin sus componentes y sin carga de fluido; la irregular –valga la redundancia– acometida del cableado eléctrico exterior, que ingresa por vía aérea y que en el lateral de la calle Alfredo Palacios –donde el gris del barrio se intensifica y el gris de Iron Mountain también– se encuentra por más de 100 metros de longitud sobre la pared del establecimiento; la carencia de señalización lumínica y sonora en los portones de acceso y de señalización de seguridad; y el estado precario de la fachada con desprendimiento de material, que implica un grave riesgo para quien transite esa vereda que, dicho sea de paso, se encuentra en muy mal estado, con pozos y rajaduras por doquier.
Y de lo analizado por Edgardo Castro se desprende lo peor de todo: que de las características edilicias observadas en Pedro de Mendoza –y también en los inmuebles de Villa Lugano– se puede presumir que tales estructuras tienen los mismos rasgos que el galpón de Azara 1245, en Barracas, donde el 5 de febrero seis bomberos de la Federal, un voluntario del cuartel de La Boca y dos miembros de Defensa Civil murieron al querer forzar el portón de ingreso para combatir el incendio. Azara ardía, y una pared se les vino encima. Días más tarde, otro bombero voluntario de La Boca falleció. Ahora, en Pedro de Mendoza 2147, hay una pérdida de agua que da la vuelta, mansa pero firme, por Alfredo Palacios, dibujando, paradójicamente, un sutil perímetro.
Es por todo lo dicho que Castro solicitó una inspección de higiene y seguridad al establecimiento de La Boca, con personal de planta permanente, dado que, por fallo judicial, el acto inspectivo lo debe llevar a cabo personal que cumpla con la Resolución 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que de lo contrario dicha actuación sería nula. A su vez, según el inspector, el personal que intervenga debe poseer título habilitante y formación específica en la materia y, en este caso en particular, sobre condiciones de riesgos de incendio.
Además, Castro instó a que el inspector que interviniera en este caso, solicitara la inmediata intervención de las otras áreas de control, como la Agencia Gubernamental de Control y los organismos de habilitación, de obras y todo otro organismo que tenga injerencia en el tema, para la verificación de las condiciones del establecimiento conforme a norma; la intervención del organismo competente para que proceda al vallado de la vereda en los lugares donde existen desprendimientos de fachada, así como también de la compañía de suministro eléctrico para constatar las condiciones del cableado eléctrico y su adecuación a la norma, y la actuación de la compañía de suministro de gas para revisar las condiciones de la instalación que le compete.
Ahora bien, ¿qué sucedió? A casi tres semanas de la denuncia, Edgardo Castro afirma, sin sorpresa, que las cosas en La Boca, como en Villa Lugano, siguen igual: sin clausura. Es más: entiende que esos depósitos observan un riesgo superior al de Barracas, un caldo de cultivo tan previsible como bochornoso, como la pérdida de agua que puede surcarlos pero nunca acorralarlos.
El proyecto ceniza
La gravedad de los hechos originados en Iron Mountain Argentina –y la posibilidad de nuevos dramas en La Boca y Villa Lugano– llevaron a que el legislador de MST-Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, presentara un proyecto de resolución para impulsar la creación de una Comisión Especial Investigadora independiente que actúe sobre las causas del incendio del 5 de febrero en el depósito de Azara 1245, en Barracas. “Las irregularidades del caso confirman la necesidad de crear una comisión investigadora independiente sobre el incendio de Barracas, proyecto que presenté hace dos semanas en la Legislatura. El problema acá es doblemente grave, ya que a la falta de control estatal que pone vidas en riesgo se agrega que cuando los trabajadores de la Subsecretaría denuncian, los funcionarios macristas los persiguen. Además, los gobiernos porteño y nacional deberían suspender sus contratos con esta empresa”, expuso Bodart, días después del incendio.
La idea de crear una comisión que investigue el caso se orienta a que también se estudie “el accionar de la Agencia Gubernamental de Control y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad con respecto al otorgamiento de la habilitación y las condiciones de seguridad del personal y la población del depósito, así como de las inspecciones realizadas en el lugar; y si se ha actuado conforme a las normativas vigentes aplicables”, se explica en la iniciativa. También, claramente, en el proyecto se manifiesta el objetivo de investigar la responsabilidad de Iron Mountain. ¿En qué estado se encuentra? Por ahora, en el cajón.
Política de inseguridad
“Cuando yo trabajaba ahí empezaron a hacer recortes y sacaron a un vigilador bombero de día, que antes estaba las 24 horas: quedó solo de noche”, declaró recientemente a los medios, Mario Escalada, exsupervisor de Iron Mountain, para quien la empresa se encuentra actualmente en un buen momento económico, pese a los constantes ajustes de presupuesto que viene llevando a cabo. De allí, el sinsentido de recortar los recursos para la vigilancia.
“Hubo antecedentes de tres incendios en los depósitos de Parque Patricios (donde la empresa tiene la sede central en la país, hoy puesta a nuevo). El primero fue en 2005, cuando se derrumbó un techo, y el segundo en 2009. Según Escalada, en el depósito de Barracas no había cámaras internas, aunque sí en el ingreso, “pero adentro el tránsito es libre, no hay demasiado control”.
Acerca de la posibilidad de incendio, sostuvo que “si el fuego no es controlado a tiempo, al haber material muy inflamable, una vez que agarra es muy difícil de contener, sobre todo teniendo en cuenta que en esos inmuebles hay mucho cartón, mucha caja, mucho papel, todo apilado en estanterías.”
El presente que es pasado
En mayo de 2007, el Ministerio de Ambiente del Gobierno de la Ciudad clausuró los inmuebles de Saraza 6135/39, 6251/85 y Cañada de Gómez 3825/75, en Villa Lugano, donde la empresa Iron Mountain llevaba adelante la misma actividad que en el depósito que se incendió en febrero en Barracas, es decir, servir a los fines de depósito de archivos. También, el destino del edificio de Villa Lugano indica su uso como playa de contenedores y, obviamente, por lo que fue conocida Iron Mountain, el procesamiento, protección y recuperación de datos. La total carencia de un plan de contingencia para incendios en ese lugar fue la causa del cierre.
En la resolución 453 del 17 de mayo de 2007, firmada por el exministro de Ambiente Juan Manuel Velasco, quedó asentado el “incumplimiento” de Iron Mountain en “contar con un plan de contingencia para casos de incendio, firmado por un profesional idóneo”. También se detectó la inexistencia de “un plan de gestión de residuos sólidos” y de “señales sonoras y/o visuales para el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento”. Lo que se dice, un antecedente de peso.
