El bloque de Juntos por el Cambio y diputados del Interbloque Federal se unieron para rechazar el DNU 457/20 que otorga “superpoderes” al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Al respecto, la oposición presentó un proyecto en el Congreso para que no se puedan reasignar partidas por decreto.
En línea con el expresidente Mauricio Macri, la bancada opositora presentó un proyecto para derogar el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández porque “cercena las facultades del Congreso”, al delegar a Santiago Cafiero sin restricciones ni una autorización legislativa los topes establecidos por la ley de Administración Financiera.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri advirtó este martes en un reportaje con radio Continental que “nos retrotrae a los peores momentos de concentración de poder y desdibujamiento del Congreso”. En ese sentido, Negri dijo: “Es un DNU que nos está diciendo que en la emergencia sanitaria lo que van a hacer es meter la emergencia institucional; eso es muy grave, porque la lucha contra la pandemia no tiene nada que ver con tomarse las atribuciones de otro poder”.
La ofensiva opositora, que lleva las firmas de Mario Negri, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo y el diputado chubutense radical Gustavo Menna, propone derogar los artículos 4 y 6 del decreto 457 de ampliación del Presupuesto, que suspende por este año la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias.
En concreto, la cuestionada decisión de Alberto Fernández pone en suspenso la regulación del artículo 37 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, que faculta a Santiago Cafiero a modificar hasta el 5% de las partidas presupuestarias que no tengan asignación específica. Pero con el DNU, esa regulación quedó eliminada.
Para el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el decreto lleva “la delegación al Jefe de Gabinete al 100% del presupuesto, que es el esquema que había impuesto el kirchnerismo en 2006″.
En la misma sintonía, un grupo de diputados de los bloques Consenso Federal, Socialista y Justicialista también expresaron su desacuerdo con las definiciones del DNU, y solicitaron que esas facultades delegadas al jefe de Gabinete “sean tratadas por el Congreso Nacional”, ya que es una atribución “inherente” del Poder Legislativo.
“El Poder Ejecutivo debió seguir para este tema el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, reclamaron los legisladores Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Alejandro Rodríguez, Eduardo Bucca, Andres Zottos y Enrique Estévez a través de un comunicado conjunto del Interbloque Federal. Y deslizaron que la delegación de la facultades se puede alcanzar en una sesión virtual, ya que “nada impide poder debatir democráticamente un proyecto de tamaña relevancia, orientado a mitigar el impacto negativo de la pandemia en el funcionamiento de la economía y la sociedad”.
El distanciamiento de las bancadas del Interbloque Federal es un dato político de relevancia en el juego legislativo. Desde el comienzo de la gestión, los diputados de ese sector se mostraron dialoguistas y acompañaron al gobierno de Alberto Fernández en la sanción de leyes claves para el arranque de la gestión del Frente de Todos.
“Se pueden hacer ambas cosas: luchar contra la pandemia y respetar los procedimientos institucionales. El Congreso está funcionando”, sostuvo a Infobae el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que encabezó la lista de diputados de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.
La respuesta de Santiago Cafiero
En un hilo de Twitter, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero rechazó las críticas y advirtió: “No se trata de “superpoderes”. “En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio”.
No se trata de “superpoderes”. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio.
— Santiago Cafiero (@SantiCafiero) May 13, 2020
“El costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende, hasta el momento, a unos $380.000 millones, equivalente a casi un 1.5% del PIB. Para poder continuar con las políticas de asistencia era necesario ampliar el Presupuesto”, sostuvo en su cuenta personal en la red social. Y aclaró que le DNU consiste en facultades “para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud”.
