Desde la entidad -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, con estatuto consultivo en la ONU- sostuvieron que el titular del Ejecutivo “pudo haber incurrido en la comisión, por ahora en grado de tentativa, del delito de usurpación de funciones”.
Por eso, y según publicó Télam, exhortaron a los legisladores porteños a rechazar el decreto.
Para el presidente del Consejo Consultivo Continental de la entidad, Beinusz Szmukler, “el DNU viola el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece que la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella”.
También hubo cuestionamientos al jefe de Gobierno por “haber recurrido a un decreto “de necesidad y urgencia” ya que “no existe ninguna circunstancia excepcional que haga imposible seguir los trámites ordinarios para el dictado de las leyes”.
