Según fuentes ligadas a las víctimas de la salvaje agresión perpetrada el miércoles contra los vecinos de La Boca que se oponen a la venta de los terrenos de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors, el mentor del ataque se llama Rodolfo “El Cordobés” Corzo, es un antiguo puntero radical que posteriormente se recicló con el ibarrismo y en los últimos años se unió a los nuevos ganadores en la ciudad, es decir, al Pro.
Corzo es un agente de la Policía Comunal de la Comuna 4. En el barrio, afirman quienes lo conocen, es temido por su relación con personas de vidriosa forma de vida. No pertenece a la barra brava de Boca, como se dijo, pero está relacionado con patotas que suelen ser “alquiladas” para trabajos de dudoso alcance.
Los que estaban en el lugar aseguraron que Corzo fue el que “marcó” el momento en que debía producirse el ataque, el que lanzó a los matones contra la gente. Podría ser asimilado, entonces -un toque de humor en medio de un macabro panorama- con el lanzador de cuchillos de un circo imaginario. La diferencia con el lanzador verdadero es que éste, haciendo gala de su fina habilidad, arroja sus puñales sin rozar siquiera a su bella secretaria, a diferencia del protagonista de esta acción, que le cortó el cuello a un vecino y no lo mató apenas por centímetros.
El ataque se produjo en el preciso instante en que un miembro de una agrupación boquense comenzaba a solicitar que se respetara la decisión que se tomó en la reunión del Consejo Consultivo producida el 16 de marzo último, en la que se rechazó la venta de los terrenos al Club Boca Juniors.
Una estrategia de choque
Las tierras del Programa Casa Amarilla, que habían sido adquiridas por la Municipalidad al Estado Nacional en 1981, fueron adjudicadas al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que como es su función debía construir viviendas para paliar el déficit que existe en la zona sur de la ciudad y, en especial, en la zona Boca-Barracas.
El IVC las transfirió al Poder Ejecutivo en 2010, que a su vez se las adjudicó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Este largo periplo se debió, en gran parte, a la intención del Club Boca Juniors de adquirir las tierras, que era paralela a la oposición del resto de los vecinos del barrio a entregárselas. Esta negativa inspiró al Gobierno porteño para cambiar de estrategia.
Primero, el vicepresidente de Boca y diputado porteño Oscar Moscariello presentó el Proyecto de Ley que lleva el número 2462-D-2014, que proponía la rezonificación de los terrenos, que quedarían caracterizados como E4, es decir que ya no son más para uso público. Esto permitiría la construcción de un nuevo estadio en el lugar. Ya el hecho de que el proyecto lleva la firma de un diputado y a la vez directivo boquense conlleva una violación a la ética, razón por la cual el propio Moscariello amenazó alguna vez con abstenerse de votar cuando llegara al recinto, harto de que los boquenses lo reclamen su doble condición.
Para conseguir que las tierras llegasen finalmente a ser propiedad de Boca, la Corporación Buenos Aires Sur convocó a una Licitación Pública para vender los terrenos, a raíz (oh! casualidad) de una iniciativa privada presentada por el club de la ribera. La licitación, según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue “camuflada” detrás de una iniciativa para construir en el lugar una biblioteca, un club social, salones de juegos y gimnasio y no un estadio de fútbol.
El 25 de febrero de este año, finalmente, la licitación fue adjudicada (oh! casualidad) al club Boca Juniors, por el valor casi irrisorio de 180 millones de pesos.
Allí surge el primer obstáculo a la venta. El Artículo 82, en el inciso 4 de la Constitución de la ciudad estableció que sólo la Legislatura puede aprobar transacciones y disponer la desafectación de inmuebles de dominio público. La tierra pública, por esta razón, no se puede vender sin la aprobación de la Legislatura, un trámite que los funcionarios olvidaron cumplir.
Por si esto fuera poco, la Ley 1251 faculta al Instituto de la Vivienda a transferir al Gobierno solamente los inmuebles que sean necesarios para funcionar como sedes de instituciones de salud, educacionales o de seguridad (Art. 6º).
