La semana última, la tapa del número 459 del semanario Noticias Urbanas llevó un título –“El derrumbe que viene”– que fue ratificado por una ominosa realidad apenas 24 horas después.
En efecto, el jueves Noticias Urbanas estaba en la calle, y el viernes, un derrumbe acaecido en una obra situada en Salta al 900 –en la que solo por casualidad hubo dos heridos y ningún fallecido– hacía realidad la peor pesadilla, nacida al amparo del abandono por parte del Estado porteño de su rol de contralor de los empresarios de la construcción.
En la nota de tapa de la edición profética se comentaron las peripecias del Decreto 271/14, publicado en el Boletín Oficial aparecido el 21 de julio último, que eliminó de un plumazo al cuerpo de los Peritos Verificadores de Obra (PVO), que son los profesionales que deben acudir a las obras en construcción para asegurarse de que los constructores cumplan con lo que antes plantearon en los planos y que luego aprobaron los organismos pertinentes.
De todos modos, como solo hay 20 inspectores, que no podrán asumir inmediatamente las funciones de los 600 peritos cesanteados, el Decreto comenzará a regir 45 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Aún así, como medida defensiva, los peritos se niegan por estos días a cumplir con sus tareas si no se les garantiza su existencia futura.
En sus 14 años en funciones, los peritos no fueron adornados con las denuncias de corrupción que suelen ser habituales contra los inspectores de obra. Es más, el cuerpo de PVO fue creado para “lavar” la gran cantidad de denuncias que proliferaban en el año 2000 contra los inspectores porteños.
Cada PVO es designado por sorteo y así llega a una obra. No tiene poder de policía, pero tiene su poder de observación y la potestad de elevar un informe con su opinión acerca de lo que ocurre en cada obra. Pero así como no puede clausurar ni tomar medidas punitivas, su informe es uno de los insumos principales de que disponen los inspectores y los funcionarios, que sí tienen poder de policía, aunque a veces miren para otro lado.
En medio de este conflicto, la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores de la República Argentina realizó el miércoles 30 de julio una movilización ante la sede del Gobierno porteño, en la que plantearon su reclamo de supervivencia.
El derrumbe anunciado
Una perito verificadora se presentó en la obra de la calle Salta minutos después del derrumbe. “En el lugar, constaté la ausencia del cartel de la empresa de higiene y seguridad y del representante técnico, que debe ser un ingeniero. Solo había un personal técnico de ese rubro, sin nivel de ingeniero”, planteó la especialista.
“Para cuando se proyecta el hormigón, se hace aplicando el método de los pilotes de tracción para las submuraciones. Cuando se produjo el derrumbe, estaban ejecutando el tabique de submuración que coincidía con la línea oficial, es decir, la línea de la vereda”, agregó la profesional.
“Estaban excavando, para lo cual deben generar una tronera que luego se debe rellenar. En esta operación no respetaron el ancho que se planteaba en el plano, que era de unos cuatro metros. Por pedido del dueño, aparentemente duplicaron esa medida. Luego, por las vibraciones que se producen por los trabajos y el tránsito, la tierra se desmoronó. Se les vinieron encima a los trabajadores la tierra, el cemento y la malla que se usa para contener la tierra. Hubo heridos, por suerte ninguno de gravedad. El director de obra no estaba y eso es grave”, acotó, finalmente.
Un futuro de descontrol
La arquitecta Lilian Rodríguez, que preside la Asociación que nuclea a los PVO, augura la llegada de malos tiempos. “Se está abriendo la puerta a la delincuencia. No logro entender qué motiva a estos funcionarios a seguir manteniendo en pie el Decreto 271/14, que puede llegar a ser criminal”, se lamenta.
Por su parte, el inspector Edgardo Castro, que trabaja en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, aseguró: “En este momento estamos trabajando bajo presión, más aún desde la inspección que realicé en el depósito de Iron Mountain que se quemó, que yo recomendé que se cerrara. Nos quieren echar a los tres trabajadores que conformamos la Comisión Interna. Quieren obligarnos a justificar un montón de supuestas inasistencias. Por esa razón es que solicitamos y obtuvimos ya dos amparos judiciales”.
–¿Cómo es la presión?
Castro: –Me están pidiendo que justifique un montón de supuestas faltas. Me acusan de haber faltado 27 veces cuando nunca en diez años pedí un solo día de licencia por enfermedad o médico. Solo tomé licencias gremiales para asistir a las movilizaciones o reclamos.
–¿Cómo está la situación de los inspectores de trabajo, que habían sido transferidos a la Agencia Gubernamental de Control y no podían, por lo tanto, trabajar?
–Volvimos todos a la Subsecretaría de Trabajo. ¿Se imagina usted todo lo que se movió por nada? Volvieron a enviarnos al mismo lugar del que habíamos salido. Cien inspectores, 30 empleados administrativos, los vehículos, el mobiliario, la infraestructura. Además, ahora el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, tienen denuncias penales en su contra.
Entre las causas que provocan los derrumbes, Castro identificó “la improvisación y la desidia de los constructores y del Estado”. “En los últimos tres años, el 80 por ciento de los derrumbes se produjeron en la etapa del pozo.”
En cuanto a la situación de los PVO, Castro recordó que “si se van, lo que viene es la zona liberada. Va a ser un sálvese quien pueda. Para muestra basta un botón. Tiempo después del episodio de Iron Mountain, hubo un derrumbe en la obra de Jean Jaurès y Valentín Gómez, en la que el contratista fue el mismo que le prestó al Gobierno de la Ciudad la máquina con la bola de demolición con la que intentaron tirar abajo lo que quedaba del edificio de Bartolomé Mitre (a la altura 1232, que se había derrumbado en noviembre de 2011). Era una máquina que no tenía identificación, muy vieja, de la década del 50”.
“En cuanto a la obra de Jean Jaurès, una compañera nuestra la suspendió, pero el director de Protección del Trabajo, Fernando Cohen, cajoneó el acta de clausura, porque una clausura dura diez días como máximo. Solo si hay una disposición se puede extender el cierre. Siempre debe haber una disposición, porque si no se hace nada, a los diez días la obra sigue sin que se hayan modificado las cosas que motivaron el pedido de clausura. En este caso, no hay multa ni sanción y todo sigue igual. Eso había pasado en esa obra, porque Cohen frizó el acta. Entretanto, la Unión Obrera de la Construcción denunció que los trabajos seguían, mientras el acta seguía frizada. Unos 25 días después de la confección del acta, la obra se derrumbó y hubo un muerto y cuatro heridos”.
Como un macabro detalle final, los inspectores que dialogaron con este cronista relataron, casi en tono humorístico, que ellos no llenan en las actas los casilleros en los que los directores de obra deben dictarles su teléfono y su e-mail, porque, aseguran, les facilitan a los funcionarios “arreglar” con los constructores en forma directa.
A veces el humor supera a la realidad.