El espionaje ilegal que se realizó durante el Gobierno de Mauricio Macri y que está investigando la Justicia, también tiene una pata en la provincia de Buenos Aires. Donde a través de un sector de la Policía Bonaerense también se investigaba y espiaba a opositores. Por lo menos, eso es lo que esta sacando a la luz la Justicia provincial.
La diputada bonaerense Susana González (Frente de Todos) advirtió este jueves que el espionaje en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue “más grave que lo que pasó a nivel nacional”, y precisó que en territorio bonaerense “desde la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad no sólo se investigaba a los policías, sino a muchas personas”.
González explicó que la causa abierta para investigar esta denuncia tramita ante la UFI número 15 de la ciudad de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Cortfield, y en el expediente “está comprobando que desde la auditoría de Asuntos Internos se hizo espionaje ilegal”.
“Desde la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad no sólo se investigaba a los policías, sino a muchas personas”, denunció la legisladora provincial.
González dijo que desde ese organismo se pidieron informes de “46.800 personas de la provincia, incluyendo a jueces, intendentes, empresarios, diputados, senadores e incluso sobre Daniel Scioli”.
“Esto es más grave que lo que ocurrió en la AFI ya que se trata de un organismo administrativo cuya función es investigar las faltas del personal policial y se dedicaron a investigar no solo a personal policial”, sostuvo la diputada ben declaraciones a El Destape radio.
“Pidieron oficios a Migraciones para ver quién salía y entraba del país durante los cuatro años del gobierno de Vidal y esto está probado en la causa”, amplió la legisladora.
En tanto, mencionó como implicados en la maniobra de presunto espionaje ilegal al “auditor general, Guillermo Berra, y su esposa, María Sardiña, que era la auditora patrimonial del organismo de Asuntos Internos”.
La diputada afirmó que “esta estructura dependía por supuesto del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de la gobernadora Vidal”.
González también denunció que lo que surgía de estas investigaciones paralelas “terminaba en los medios de comunicación” y, en este sentido, afirmó que “un productor y columnista de Luis Majul es el esposo de una persona que había sido designada miembro del gabinete de Berra en 2017”.
También aseguró que estas presuntas maniobras de espionaje tenían una “pata política, una pata mediática y una pata judicial”, y en este sentido pidió que se investigue la responsabilidad de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.