Este lunes, el Gobierno nacional acordó con la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) procedimientos de suspensiones para los trabajadores de las empresas no esenciales con un pago de sueldos del 75% del neto, garantizando la estabilidad laboral por lo menos hasta fines de mayo.
Las extensas negociaciones se realizaron con la participación directa de los ministros de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y de Trabajo Claudio Moroni, que firmaron el documento junto a los dirigentes cegetistas Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló y los representantes de la UIA Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja.
En documento acordado establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.
El mecanismo excluye a los trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo (que seguirán cobrando el sueldo completo y a los que ya hubieran acordado el cumplimiento de tareas domiciliarias. El esquema de pago del 75% de estos salarios, vigente para el pago de sueldos de abril y mayo, se complementará con el aporte del 50% de los sueldos por parte del Estado, que ya fue establecido en el Decreto 376.
Este decreto, con el compromiso estatal de asumir parte del pago de los salarios (hasta el 50%, dependiendo de la cantidad de empleados de la empresa) precipitó un debate en el que la central obrera planteó que con ese apoyo las empresas podrían completar el otro 50% y los trabajadores recibir su sueldo completo, lo que fue rechazado por la entidad industrialista. Al mismo tiempo, se venían consolidando acuerdos aceptando descuentos de hasta 30% en distintos gremios de la CGT, como metalúrgicos y Smata. Finalmente, se acordó la cifra de 25% para evitar la dispersión de acuerdos sectoriales con distintos montos de descuento y en busca de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
En el nuevo marco, que tendrá vigencia nacional, si una actividad específica demuestra una severa afectación en su desarrollo producto de la cuarentena, podrá acceder de manera inmediata al sistema de licenciamientos con pago de salarios reducidos en un 25%. Sólo en caso de pretender un recorte mayor deberá abrir negociaciones directas con el gremio respectivo (hasta el momento el único mecanismo contemplado en el decreto de Alberto Fernández que prohibía suspensiones y despidos para avanzar en este tipo de medidas).