El reclamo es unánime y deja cada vez más solo al macrismo. Desde la propia coalición oficialista, tanto Elisa Carrió como el radicalismo, salieron a pedir un freno en la suba de tarifas. A eso se sumará un proyecto que presentará la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
En la Provincia, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quiere declarar la emergencia tarifaria. Pero hay más.
En las reuniones que vienen manteniendo Sergio Massa y Florencio Randazo el tema de las tarifas ocupa un lugar central. El eje de las propuestas en las que buscan coincidir es la economía. Y la suba de tarifas está en el primer lugar.
Ahora, también se suman a ese reclamo los gobernadores peronistas a través de sus representantes en el Congreso de la Nación.
Por eso, el interbloque del Frente Renovador – UNA junto a Argentina Federal- presentaron un Proyecto de Ley conjunto a partir del cual se buscará establecer criterios de razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos y contrarrestar los aumentos desmedidos del actual gobierno.
La iniciativa fue presentada este miércoles por la mañana en el 2° piso del Anexo C, del Congreso Nacional, en una conferencia de prensa.
Esto fue llevado a cabo por la presidenta del bloque del FR-UNA, Graciela Camaño, junto al diputado nacional y referente en políticas económicas del FR Marco Lavagna, y los diputados de Argentina Federal, encabezados por Diego Bossio y Pablo Kosiner. Y fue bajo la consigna “La plata no alcanza porque la inflación no para”.
La iniciativa establece que las tarifas no podrán subir más que los salarios y sean estables por 12 meses. Además, que los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC, implementando un régimen de tarifa social por el que pagarán el 20% del valor de la factura.
Asimismo, la medida apunta que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios, como así también, que se reduce el IVA de las facturas de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de PYMES.
El Proyecto de Ley, prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos, se invita a provincias y municipios a que reduzcan impuestos de la factura de servicios, y se crea la tarifa social a partir de la cual los beneficiarios solo pagarán el 20% del valor de la factura.
Los beneficiarios, son jubilados, beneficiarios de planes sociales, de AUH, de pensiones no contributivas, de prestaciones por desempleo, monotributistas sociales, trabajadores con remuneraciones brutas iguales o menores a dos salarios mínimos, ex combatientes de Malvinas, o quienes por cuestiones de salud dependan de los servicios, incorporados al régimen especial de seguridad social para empleados del servicios doméstico y para quienes cuenten con certificado de discapacidad.
Durante la presentación de este proyecto, en conferencia de prensa, la diputada Camaño afirmó: “Todos son testigos de las sucesivas acciones que hemos tomado planteando este tema, como por ejemplo la carta que envió Sergio Massa, intentando una salida conjunta, porque entendemos que estamos en una emergencia energética. El Gobierno respondió con una total ignorancia, y la Corte Suprema ha sido muy clara respeto a la necesidad de que las tarifas tengan razonabilidad y progresividad”.
Y añadió: “Se están apropiando de los ingresos de los argentinos. En dos años del Gobierno de Macri, el gas aumentó un 1600 %, la luz 500 %y el agua un 400%. Por eso creemos que es oportuno que hoy estemos discutiendo este tema. Hoy nos decían que acá había especulación política, pero acá lo que hay es político. La Argentina tiene un problema serio de inseguridad, y de tarifas y precios. Hay familias que se están endeudando para poder pagar las tarifas”.
Sin embargo, la sesión extraordinaria convocada para este miércoles en el Congreso fracasó. Sucede que la oposición no logró quórum en la cámara de Diputados para tratar los numerosos proyectos que buscaban congelar y retrotraer las tarifas de los servicios públicos.
Aquí Massot burlándose porque faltaban dos para el quórum. Bonito papel de un oficialismo empeñado en que el Congreso funcione sólo para votar los pactos de ajuste. Tarifas y costos de servicios privatizados no entra en el debate. pic.twitter.com/VtAKKgp53J
— Néstor Pitrola (@nestorpitrola) April 18, 2018
Al mediodía, el diputado Alfredo Olmedo señaló: “Estoy de acuerdo en lo que quieren plantear, lamentablemente no hay quórum. Una vez más la política fracasa en nuestro país y no se le da respuesta a la gente. Estoy de acuerdo con el esfuerzo que se hizo desde distintos partidos”. Como respuesta, y a pesar de la queja de los diputados Graciela Camaño y Agustín Rossi, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, puso como plazo de espera una hora, hasta las 12. Cuando llegó ese horario, el diputado de Cambiemos levantó la sesión.