Luego de que el propio rector del Nacional Buenos Aires, Jorge Zorzoli, denunciara públicamente que una alumna había sido abusada durante la toma del colegio, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, apuntó contra las autoridades del secundario al considerar que “no toman noción de lo que está pasando”. En ese contexto, Fiocchiaro apuntó contra Zorzoli por no estar “a la altura de las circunstancias”.
“Se trata del Colegio más antiguo de la República Argentina y con el prestigio que tiene implica una responsabilidad muy grande y el rector debe estar a la altura de las circunstancias”, agregó Finocchiaro.
Por otra parte, el estudiante de 18 años acusado de abusar de una compañera de 14 dentro del Colegio Nacional Buenos Aires, durante la toma en rechazo a la reforma educativa que propone el gobierno porteño, fue apartado de ese centro de estudios por el rector Gustavo Zorzoli, mientras que diversos funcionarios y organismos públicos demandaron la intervención de la justicia en el incidente.
La nota enviada por el rector a los padres cerca de las 17 dice: “En acuerdo con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -quien ya ha establecido contacto con los integrantes de la familia afectada, ofreciéndoles asesoramiento-, y luego de realizar la consulta del caso con la Universidad de Buenos Aires, hemos decidido -en resguardo de los derechos de la adolescente- que el estudiante partícipe del presunto ilícito deje de asistir a clases en el Colegio”.
“Le aseguraremos a éste la continuidad de sus estudios en otro ámbito físico”, afirmó Zorzoli.
El rector añadió: “Seguimos instrumentando acciones de contención y orientación tanto para la alumna denunciante como para el resto de nuestros estudiantes, según lo establece el Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la UBA”.
Sin embargo, antes Zorzoli había dicho a la prensa que por el momento no habría medidas contra el presunto agresor, ya que la institución tiene la obligación de “garantizar el derecho a educarse” de ambos estudiantes.
