Daniel Pollack, special master designado por el juez Thomas Griesa, intentó una vez más acercar posiciones entre la Argentina y los acreedores que tienen un fallo favorable para cobrar el total de la deuda que fue defaulteada en 2001. Este jueves, las partes estuvieron reunidas casi tres horas en Nueva York con el objetivo de consensuar una salida que permita destrabar el diferendo.
Los funcionarios argentinos llegaron pasadas las 12:30 hora de Nueva York (13:30 de Buenos Aires) a las oficinas del mediador judicial, a quien el juez Griesa le encargó reunir con los holdouts “hasta hallar una solución”.
El secretario de Finanzas, Pablo López, ingresó al 245 de Park Avenue en Manhattan, acompañado por el secretario legal y administrativo, Federico Thea, la procuradora del Tesoro, Angelina Abonna y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament. También participaron del encuentro los abogados que asisten a la Argentina en el denominado “juicio del siglo”.
La Argentina tiene una postura clara: no les pagará a los holdouts en mejores condiciones que las que ofreció en su momento a quienes entraron a los procesos de canje de deuda. Así será al menos hasta enero de 2015, fecha en la que cae la cláusula RUFO. En caso contrario, el país podría afrontar juicios millonarios de quienes sí tienen sus títulos reestructurados.
El juez Griesa congeló los pagos a los acreedores del canje hasta tanto se acuerde con los holdouts en litigio. Esto es porque rige el pari passu, también conocida como la cláusula de “igual trato”, que obliga a la Argentina a cumplir simultáneamente con todos sus acreedores en simultáneo.
La única salida para poder saldar la deuda con los fondos del canje sin caer en default es que Griesa reponga antes del 30 de julio el stay, una suerte de medida cautelar que suspende la ejecución de la sentencia. Esta mañana trascendieron versiones que indicaban que los fondos en litigio aceptarían la reposición del stay, sin embargo sus voceros salieron rápidamente a desmentirlo.
Hay economistas que creen que el Gobierno está escondiendo una tercera vía de negociación. Una de esas opciones es que un grupo empresario “compre el juicio”, se haga cargo de la deuda de u$s1.600 millones con los holdouts (u$s1.330 millones más intereses), y a partir de enero negocie un repago con el Estado.
