La legisladora Graciela Ocaña (del bloque Confianza Pública) amplió este martes su denuncia contra Fútbol para Todos, que inició en mayo. En la nueva presentación señaló que “se eludieron indebidamente todos los recaudos legales para efectuar procedimientos de contrataciones”.
La diputada sostuvo que “el punto que cobra interés para esta nueva denuncia, es que la Jefatura de Gobierno habría incumplido o dejado de lado los procedimientos de contratación establecidos para el Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión de los partidos, ya que habría contratado en forma directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del “legitimo abono”, por montos superiores a los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000)”.
Al respecto, la denuncia detalla que “en los procesos licitatorios se habrían contratado servicios para captar imágenes por un número inferior a las necesidades reales, con el objetivo manifiesto de completarlas en forma irregular mediante contrataciones directas, cuando el camino legal hubiese sido la ampliación de la orden de compra original o proceder a un nuevo llamado a licitación pública”.
Según Ocaña, “se habrían realizado contrataciones directas “por exclusividad”, como en el caso del Farolito International Entertaiment S.A, alegando que son los “únicos” que pueden realizar el servicio debido a su “experiencia” y la inexistencia de sustitutos convenientes.” “Lo extraño que la mencionada sociedad no tenía prácticamente antecedentes comerciales, y su capital inicial era el mínimo requerido por la ley”, agregó.
En ese sentido, señaló que el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina habría firmado contrataciones con esa empresa por una suma de de $ 44.900.000.
En otro tramo sostiene que “en el año 2009, el sector privado le pagaba a la AFA 241 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de primera y gastaba, por su parte, 26 millones en producción, lo que representa, aproximadamente, un 10 % del costo del contrato. Ahora que se hizo cargo el Estado Nacional, esos costos de producción han crecido exponencialmente y son soportados por el Tesoro Nacional y los argentinos en su totalidad. A modo de ejemplo, solo en el 2010, los gastos de producción se duplicaron”.
En el escrito de 17 páginas Ocaña señala que a partir del lanzamiento del Programa (año 2009), “el Estado Nacional no ha realizado ninguna gestión para explotar comercialmente la televisación, y así recuperar parte del dinero utilizado. Sólo ha utilizado el programa como plataforma para promocionar la gestión del actual gobierno”.
Además, la diputada considera que “esta, y no otra, es la verdadera razón por la cual se incorporó una garantía. El Gobierno sabía desde el vamos que no comercializaría el programa y de tal manera, se vio en la necesidad de garantizar a la AFA un ingreso”.
La Justicia pide datos
Por otro lado, la jueza federal María Servini de Cubría pidió a la Inspección General de Justicia (IPJ) que le entregue datos sobre las empresas productoras de televisión contratadas por el Gobierno nacional para las transmisiones del programa Fútbol Para Todos.
Según indicaron fuentes judiciales, las productoras son La Corte, VTS S.A, y Farolito Internacional Entertaiment S.A.
Además, la magistrada pidió que la empresa automotriz Iveco, auspiciante de los últimos torneos, aporte los contratos de publicidad pautada en las transmisiones de “Fútbol para Todos” desde 2010.
