La procuradora Alejandra Gils Carbó aseguró hace poco menos de un mes que no tiene ningún plan de dejar su cargo: “No voy a renunciar ni planeo jubilarme”, dijo la jefa de los fiscales.
Sin embargo, Mauricio Macri ya habría decidido echarla por decreto si el juez federal Julián Ercoloni la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.
Según se informó, los legisladores de Cambiemos habrían demorado la citación de Gils Carbó al Congreso por lo menos hasta que este bien avanzada la campaña electoral, cuando tal vez ya esté procesada y desplazada de su cargo.
El diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le habría recomendado a Macri echar por decreto a Gils Carbó ni bien asumió, pero no tomó su consejo, se lamentó.
Luego, el presidente prefirió enviar un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público que incluía un abrupto final del mandato. Los diputados de Cambiemos lo consensuaron con Sergio Massa, pero cuando lo iban a tratar la Elisa Carrió advirtió que era inconstitucional y Macri pidió congelarlo.
“Lilita en los medios la destroza, pero todo lo que hace contribuye a que Gils Carbó siga en el cargo”, habría dicho un destacado funcionario del Pro.
Macri cambió de estrategia y optó entonces por atacar a la procuradora a través de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que puede reunir información sobre su acccionar, pero no juzgarla.
La estrategia de la procuradora se limita a que algún juez o fiscal declare inconstitucional su desplazamiento por DNU, si finalmente sucede, pero no podría evitar que el tema finalice en la Corte Suprema, donde no tiene quien la respalde.
Otra esperanza son los jueces federales que no están enfrentados al Gobierno pero no lograron vínculo de cercanía como el que tenían con el kirchnerismo.
Los senadores peronistas tampoco la respaldan y lo hacen saber congelando pliegos de fiscales pedidos por la Jefa del Ministerio Público.
La maniobra la ejecuta Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y presidente de la Comisión de Acuerdos, que también integra el jefe de bloque Miguel Pichetto.
Además, a Gils Carbó se le avecina un conflicto por el alquiler de un edifico en calle Corrientes 1615, que pertenece al presidente de Racing, Víctor Blanco, por el cual habría pagado 100 mil pesos mensuales.
Blanco entabló durante el kirchnerismo una relación cercana con el Gobierno que le habría permitido acceder a muchos beneficios.
Uno de ellos fue la insólita transferencia a Racing de 17.407.500 de pesos a través de Planes de Recuperación Productiva (Repro), creados en 2008 para evitar que empresas en dificultades echaran gente. El actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nunca encontró documentación que garantice semejante beneficio al club de la Avellaneda.
La Justicia ya investiga el tema y el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue imputado.
Además, Miguel Jimenez, vicepresidente de Racing y mano derecha de Blanco, está vinculado al escándalo del Plan Qunita, a través de su hijo Ignacio.
Blanco no perdió contacto con Cristina Kirchner. En efecto, sería uno de los principales financistas de su campaña junto a Adolfo Rodríguez Saá, quien ubicó a su sobrino Nicolás en la lista de diputados.
El presidente de Racing no pidió lugares en las listas, pero si apoyo para su reelección en las elecciones de noviembre en las que enfrentará a Matías Eurnekian.
