El secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco emitió una Resolución por la que se dispone a regular la distribución de la pauta publicitaria focial, de acuerdo con “criterios objetivos”, para los que fijó cuatro pautas, que serán la circulación o audiencia del medio, que se establecerán de acuerdo con “los indicadores de referencia en cada mercado” y la pertinencia o especialización del medio, en función del mensaje y el público objetivo.
Por otra parte, el Estado tomará en cuenta la zona geográfica a la que dirige su comunicación. También será tenido en cuenta el fomento a los medios sin fines de lucro, a los que responden a los pueblos originarios o a los de baja potencia, con el mismo criterio que el que se aplica desde 2002 en la CABA con los medios barriales de distribución gratuita.
La Resolución establece la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo), al que deberán sumarse todos los medios que se interesen en contar con publicidad del Estado nacional. Los avisos deberán figurar previamente en un Plan Anual de Publicidad Oficial.
Grecco definió en su Resolución -que, por ahora no será convertida en ley- que publicidad oficial es “toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación para difundir acciones o informaciones de interés público”.
Los medios interesados en inscribirse deberán cumplir con algunas condiciones tales como acreditar el “cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales”, para el caso de que sean sitios de Internet, “deberán acreditar una antigüedad no menor a un año” y presentar sus códigos de ética o sus manuales de buenas prácticas, además de informar si están adheridos a protocolos voluntarios referidos a la no discriminación, a la protección a la infancia y la niñez o al tratamiento contra la violencia de género.
También quedarán expresamente excluidos los mensajes que “promuevan intereses particulares de funcionarios” o los que “de forma directa o indirecta hagan referencia a la campaña electoral del partido de gobierno” o los que contengan “campañas de desprestigio a personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil”.
En este plan estarán incluidos todos los organismos descentralizados del Gobierno y algunas empresas estatales, que antes manejaban su propia pauta publicitaria, con criterior propios. Con este régimen funcionaban los organismos descentralizados, como AFIP y la ANSeS y otras empresas mayoritariamente estatales, como AySA, que ahora quedaron incluidos en esta Resolución.
Tal como anticipó el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, en los próximos días, los gobiernos bonaerense y porteño emitirán resoluciones similares.
La Resolución fue anunciada el día inmediatamente posterior al que el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, difundiera un informe sobre la publicidad que emitió el Gobierno durante este año. Allí Carlotto consignó que lleva gastados 820 millones de pesos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 21 de junio de 2016. Según este informe, el diario Clarín recibió el 17,9 por ciento del total de la “torta publicitaria”, seguido por los medios del Grupo Indalo, que se llevaron el 8,4 por ciento; el Grupo Olmos, que recibió el 5,8 por ciento; La Nación, que recibió el 5,4 por ciento y Telefónica, que cobró el 4.5 por ciento del total pautado.
