Tal como había anticipado Noticias Urbanas hace exactamente una semana, la implementación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) se encamina hacia la postergación. Si bien el vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, había confirmado a este medio que el Parlamento capitalino votaría una ley para que “ en abril votemos con el régimen de PASO nacional y en julio, con voto electrónico”, a raíz de la falta de tiempo para capacitar a los votantes, faltaba que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad diera el puntapié inicial a la gestión, presentando un pedido formal de postergación.
En consecuencia, este viernes, el defensor del Pueblo Alejandro Amor dio a conocer un duro informe en el que desaconseja la puesta en marcha de la BUE y pidió “actuar con responsabilidad para que la ciudadanía conozca en plenitud la nueva modalidad electoral y reafirmar de este modo las instituciones republicanas”.
“El conocimiento es la base fundamental del voto para que así se exprese la verdadera voluntad del ciudadano. El desconocimiento genera incertidumbre y desconfianza”, agregó.
En esa línea, Amor afirmó que “hoy, para llevar a cabo el nuevo sistema, la ciudadanía aún carece de los elementos básicos y fundamentales de conocimiento para votar como cada uno quiera votar. Por lo tanto para que esta idea de la BUE sea verdad, todos los ciudadanos deben conocerla”.
Objeciones a la BUE
-Tiempos de implementación:
“Ante la inminencia de los próximos comicios, se advierte de la escasez en los plazos necesarios y razonables para llevar adelante la capacitación en el uso de la nueva tecnología electoral, dirigida tanto a los ciudadanos, como a las autoridades de mesa y fiscales partidarios. Adicionalmente, el proceso de cambio incluye el período de vacaciones estivales, momento en el cual es especialmente difícil realizar tareas de difusión y concientización ciudadana respecto de las modificaciones que se presentarán al momento de emitir el sufragio. Pero fundamentalmente, véase que si bien con fecha 09 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley, y se publica en fecha 18/9/2014, su última reglamentación data del 29/12/2014. A ello se agrega, por consultas efectuadas por ésta Defensoría, aún no se habría culminado con el proceso licitatorio correspondiente.En consecuencia, si a la fecha no se cuenta ni siquiera con los elementos –máquinas, chips, etc.- necesarios para implementar el sistema, la capacitación del colectivo social resulta de cumplimiento imposible, al menos en el corto plazo”.
-Normas que regulan el proceso:
“También aún está pendiente la definición de los modos de visualización de la oferta electoral en una audiencia pública convocada para el próximo 27 de marzo; elemento crucial en la construcción de consensos partidarios para la sustentabilidad del sistema, con sus consecuencias en la confianza del electorado”.
-Capacitación y difusión:
“El escaso tiempo disponible como surge de los plazos reseñados, dificulta la realización de campañas de difusión y capacitación fundamentalmente de los grupos de electores más afectados por los cambios implementados (especialmente los adultos mayores, los de sectores con dificultades para interactuar con las pantallas táctiles, los sectores de la población con menores índices de conectividad, entre otros). Esta situación también sepresenta a la autoridad de aplicación (TSJ-CABA) que tiene que capacitar las autoridades de mesa y los delegados judiciales y a los partidos políticos cuyos fiscales deben adaptarse a los cambios implementados”.
-Confianza de los actores:
“Las modificaciones estructurales en el proceso electoral y en la práctica de la emisión del voto exige claridad en la difusión y un claro compromiso institucional con el sistema, que redundará en la confianza electoral y en la adhesión ciudadana al nuevo proceso. De lo contrario, lejos de consolidarse, el sistema, puede afectar la confianza ciudadana en la transparencia del proceso y en la percepción de los beneficios para una mejor calidad democrática. La capacitación seria y sistematizada -mediante la implementación de un plan integral de capacitación coordinado por todos los actores sociales intervinientes- es central para que la emisión del voto ciudadano se presente sin obstáculos, al brindar al elector mejores condiciones para elegir su candidato, y evitar así que la solución tecnológica propuesta pueda considerarse entre los votantes como una barrera para el ejercicio de sus derechos”.
-Conclusiones:
“Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires considera, que el escaso tiempo disponible para la contratación y prueba del sistema, pone en riesgo la indispensable capacitación a los ciudadanos, y a las autoridades de mesa y fiscales partidarios. Los dificultades que potencialmente surjan de la implementación en este contexto, puede afectar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la legitimidad social del sistema electoral, expresado en una caída en el nivel de participación y en un aumento de votos en blanco o nulos”.
Para ver el informe completo, hacer click aquí.
