Con el apoyo de los legisladores del Pro, la Coalición Cívica-ARI y el interbloque de ECO (Suma+ y el Partido Socialista) el proyecto de ley de Seguridad Pública obtuvo el dictamen favorable de las comisiones de Seguridad, Justicia y Presupuesto.
Esto sucedió en la reunión que se llevó a cabo este viernes, a las 11, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.
Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y el Bloque Peronista (BP) no votaron el dictamen, a pesar de que se agregaron modificaciones al proyecto original que fue enviado a la Legislatura por el Gobierno de la Ciudad.
“Nos sorprendió que no acompañarán la iniciativa, ya que en las reuniones previas se habían comprometido a apoyarla”, le dijo a NU un legislador del Pro.
La idea del oficialismo era que el proyecto saliera con el mayor consenso posible, por eso aceptó las modificaciones planteadas por los bloques de la oposición.
La necesidad de acelerar los tiempos legislativos, se debe a que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quiere que el proyecto sea apruebe antes de fin de año, para luego debatir en el recinto el Presupuesto 2017.
La nueva ley de seguridad es imprescindible, para que el año que viene entre en funcionamiento la Policía de la Ciudad de Buenos aires.
Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia; Juan Pablo Arenaza, presidente de la Comisión Seguridad y Alejandro García, presidente de la Comisión de Presupuesto, se mostraron satisfechos por haber logrado el dictamen.
Luego de la reunión realizada, en el Salón Montevideo, la legisladora Natalia Fidel, que aportó un nuevo artículo que establece la creación de un Programa de Protección para el personal de la Policía de la Ciudad, realizó declaraciones.
“Junto al legislador Hernán Rossi hicimos esta propuesta porque consideramos que si los agentes no se sienten protegidos es muy difícil que denuncien a sus pares que cometen actos ilícitos”, dijo.
Según explicó la diputada porteña, este nuevo Programa entraría en la órbita de la Oficina de Transparencia y Control Externo y “estaría destinado a las víctimas, testigos o denunciantes de ilícitos, irregularidades administrativas, hechos de corrupción, faltas de integridad, abusos funcionales y/o delitos; a efectos de protegerlos por la denuncia o testimonio brindados”.
Por su parte, el legislador de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, destacó los cambios propuestos por el espacio político que integra. Entre esos cambios se destaca el tema de acceso a la información.
También se tuvo en cuenta a la hora de elegir el jefe de la policía el procedimiento según el cual se deben publicar nombre y antecedentes del candidato para jefe de policía y un plazo para presentar observaciones a dicha candidatura.
Respecto a las declaraciones juradas de los miembros de esta fuerza Ferraro propuso aplicar el régimen general de la Ley de Ética Pública para todo el personal policial, bomberos y del Instituto que deberán presentar su declaración jurada anualmente. Entre otras cuestiones que propuso la Coalición Cívica.
El legislador de la Corriente Nacional de la Militancia (CNM), Gabriel Fuks, fue uno de los que más objeciones manifestó, pero insistió en el uso de los protocolos. “Necesitamos que se establezcan reglas claras en cuanto al uso de armas letales en los protocolos, especialmente en las manifestaciones sociales”, señaló.
Y agregó: “A nivel nacional, el protocolo para manifestaciones prohíbe el uso de armas letales, por lo que solicitamos el mismo régimen para la Ciudad. No queremos lamentar ningún Carlos Fuentealba, ningún Maximiliano Kosteki y ningún Dario Santillán más”.
Los proyectos que tuvieron dictamen
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública. El proyecto de ley consta de 476 artículos contenidos en ocho libros.
El Libro I constituye el marco general del sistema, y destaca la conducción civil. Crea la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la ciudad como órgano desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, continuadora de la actual Auditoría Externa policial.
El Libro II propone la creación de la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires derivada del Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad firmado en enero pasado con La Nación que involucra a casi 20.000 efectivos de la Policía Federal Argentina.
El Libro III crea el Cuerpo de Bomberos de carácter civil, jerarquizado profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública como dependencia de la Subsecretaría de Emergencias y en colaboración con el cuerpo de bomberos voluntarios y el personal de seguridad privada.
El Libro IV regula al Instituto Superior de Seguridad Pública – ISSP- creado en el año 2008. El Libro V crea la Obra Social del Personal de Seguridad Pública – OSPeSe- que reemplazaría a la actual Obra Social del Personal Metropolitano creada por Ley N° 2894 y regulada por Decreto N° 259/09.
El Libro VI regula prestación de los servicios de seguridad privada, vigilancias, custodias y seguridad de personas y bienes, por parte de personas humanas o jurídicas privadas o públicas. El Libro VII crea el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y regula la utilización, por parte del Ejecutivo, de las videocámaras destinadas a captar y grabar imágenes en lugares públicos y de acceso público y su posterior tratamiento, estableciendo el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Finalmente, el Libro VIII incorpora la regulación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a fin de garantizar su efectiva integración al Sistema, articulado con el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en los términos de la Ley 1689. El proyecto además propone 26 cláusulas transitorias.
Instituto Universitario
La creación del Instituto Universitario de Seguridad y Ciencias Jurídicas -IUSYCJ-, con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires y con oferta académica circunscripta al área disciplinar de la Seguridad y las Ciencias Jurídicas, es otro de los despachos firmados hoy en forma conjunta por las comisiones de Seguridad, Justicia y Presupuesto. Sería la primera institución universitaria pública desde la autonomía.
El proyecto, de seis artículos y uno de forma, autoriza al Ejecutivo a transferir el actual Instituto Superior de Seguridad Pública creado por Ley N° 2894, texto consolidado por la Ley N° 5454.
El nuevo Instituto tiende a atender una doble articulación: al Sistema Integral de Seguridad Pública y al Sistema Universitario Nacional por lo que contará con los atributos necesarios para dar cumplimiento con lo pautado en la Ley 24.521, con carreras cuyos títulos cuenten con reconocimiento y validez nacional. Estará radicado en la ciudad de Buenos Aires donde funcionan actualmente 43 instituciones universitarias y participará del CPRES Metropolitano integrando la articulación de la educación superior con mayor cantidad de instituciones universitarias, donde subsisten 61 instituciones académicas de este tipo.
Además, están en tratamiento conjunto de las comisiones los proyectos de ley orgánica de la Policía de la Ciudad, la creación del Mapa del Delito, la modificación del artículo 5 del título II de la Ley N° 1913 referido a los prestadores de la seguridad privada, otro vinculado al sistema de descentralización de denuncias y otro referido a la creación del sistema integrado de información y estadística criminal.
