La jornada que se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sobre “Jurisdicción Única en Procesos de Violencia Doméstica” fue organizada por el consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y juez de la Cámara en lo Penal, Contravencional y Faltas, Marcelo Vázquez; la jueza Cristina Lara y la defensora Marcela María Paz, junto al Centro de Formación Judicial.
El acto de apertura estuvo presidido por Luis Lozano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura porteño; Santiago Otamendi, viceministro de Justicia de la Nación y Marcelo Pablo Vázquez.
En resumen, la jornada planteó una problemática a resolver: el aumento en los casos de violencia doméstica, especialmente en las mujeres y chicos, por lo que, según plantearon los magistrados disertantes, sería necesario modificar algunos aspectos del sistema judicial porteño para una mayor y mejor resolución de las víctimas denunciantes. Por lo tanto, la jornada dejó, cuanto menos, una conclusión: crear juzgados con una capacitación especializada y poseer jueces que se dediquen, de forma exclusiva, al tratamiento de medidas cautelares en casos de violencia doméstica.
Por otro lado, la transferencia de competencias resultó ser un tema recurrente, sobre el cual Enzo Pagani enfatizó que si bien entiende su importancia, ésta “conlleva una reponsabilidad mayor”, y aseguró que se dedica a debatir sobre esto en diversas esferas.
“Nosotros estamos trabajando en el traspaso de competencias, pero hay que entender que es un proceso dificultoso. Aun así, es muy importante para la Ciudad ya que ayuda a la preparación de la Justicia a fin de brindar respuestas de mayor calidad en temas de violencia de género, niños y familiar”, adhirió Santiago Otamendi.
España, un buen ejemplo
El primer panel, “Formación, Selección y Capacitación de los Jueces con competencias múltiples”, estuvo integrado por el catedrático y magistrado juez Jorge Jiménez Martin, subdirector de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y director del Área de Capacitación; María Fernanda Rodriguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Nación, y Marta Mattera, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Allí, Jorge Jiménez Martin relató que para la lucha contra la violencia de género, en España poseen una “Ley de Contención” desde el 2004, la cual abrió paso a la creación de “juzgados especiales sobre la violencia hacia la mujer”.
A partir de la implementación de este sistema “la situación cambió en España”, y el juez español explicó que en estos juzgados ingresan, por día, “unas 350 denuncias” por violencia doméstica.
En 2003 se creó también la “Orden de Protección”, que reforma el Código Procesal español. Ésta posibilita la toma de medidas de carácter no sólo civil sino también penal, y son acordadas por un juez penal.
De esta manera, también se configuró un “Estatuto de Violencia de Género”, que prevé la resolución de las peticiones de una víctima “en no más de 72 horas”. Y así, “el juez decidirá penalmente sobre la permanencia o exclusión del presunto victimario del hogar, alejamiento del denunciante, o su envío a prisión. Por ende, también tendrá potestad sobre una serie de medidas de carácter civil, es decir, si hay una familia de por medio, quién se queda con el domicilio o con los chicos”, explicó Jiménez Martin.
Estas medidas tendrían, a su vez, una validez de 30 días. Una vez cumplido el plazo deberá definirse “con un juez competente el proceso civil de separación, divorcio, alimentos o lo que se considere correspondiente”.
La necesidad de ser “multifuero”
Marta de Rosario Mattera no sólo se declaró “abrumada” por la diferencia del tratamiento de la violencia de género entre ambos países, sino que también expuso que “acá la formación de los jueces es voluntaria. El que quiere se capacita y el que no, no”.
“Todos hicimos lo que pudimos, pero salimos corriendo a buscar el asesoramiento interdisciplinario y, después de tantos años, no hemos conseguido que la Magistratura de la Nación, ni la Corte Suprema de Justicia entiendan que los juzgados necesitan un equipo interdisciplinario, no sólo los asistentes sociales”, completó, pero arrimó que no obtuvo aun respuestas satisfactorias desde el Consejo de Magistratura de la Nación.
La jueza también puntualizó en la necesidad en afinar el análisis y tratamiento en aquellas denuncias de violencia “no tan graves”: “Las denuncias por violencia doméstica fueron aumentado. Y así, hoy estamos repartiendo botones antipánico como si fueran caramelos y disponiendo órdenes de restricción por las dudas, sin tener verdaderamente pruebas, lo cual genera también muchos riesgos”.
En consecuencia, apostó dos posibles soluciones. En primer lugar, que “cuando hay chicos que comienzan a adoptar medidas violentas y son afectados por ámbitos violentos, es necesario que el tratamiento vaya mas allá de la Justicia”, lo cual necesita la articulación de trabajo en diferentes disciplinas.
Y también “la creación de nuevos juzgados o el traspaso de algunos de los que están en Nación con una capacitación previa y acotando a las cuestiones menores: lesiones leves y amenazas. Y, por consiguiente, ver si hay que darle mas funciones sansonatorias a los jueces”.
Modelo de atención integral
Por su parte, María Fernanda Rodríguez, expuso que el sistema judicial, tal como fue pensado en su diseño clásico, no fue pensado para resolver una conflictividad que se dé en ámbitos interpersonales.
“Nececitamos un juez que pueda tomar medidas preventivas, que sea empático y que entienda que la capacitación es permanente, tanto en materia civil como penal. Que no tenga miedo en sumergirse en estas situaciones. Que tenga disponibilidad horaria, inmediatez y que cuente con toda la serie de dispositivos que va a necesitar el sistema, como los equipos interdisciplinarios, para que funcione”, opinó Rodríguez, en transmisión de la idea que sobrevuela en los pasillos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Por otro lado, explicó la importancia de la creación de “una oficina que también piense en el excluido”, que se preocupe sobre su paradero y que tenga una relación directa con el poder ejecutivo. “No puedo dictar una medida cautelar y no tener una oficina de control de esas medidas eficiente, porque entre una amenaza y la muerte, son cinco minutos”, puntualizó.
En conclusión, la jueza indicó que el objetivo es “un modelo de atención integral con equipo de jueces especializados”. “Estamos trabajando con este MAI, que tiene algunas deficiencias en Latinoamérica, ya que es costoso por todo lo que significa. Pero sé, que en la Justicia aun podemos mejorar”.
Finalmente, el segundo panel, “Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia, una propuesta facilitadora del traspaso de la Justicia Nacional”, tuvo como disertantes a María de los Angeles Baliero de Burundarena, asesora General Tutelar Adjunta de Menores de la AGT-CABA, y Mabel de los Santos, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Allí expusieron sobre el código procesal modelo de familia, del que participaron en su elaboración y que fue presentado en la Legislatura de la Ciudad hace algunos años.
En tal proyecto, se hace hincapié, entre otras cuestiones, en el apoyo indispensable que tienen que tener los juzgados de familia por parte de un equipo interdisciplinario para poder llevar adelante la tarea cotidiana.
