Corach respondió que el censo realizado en abril del año pasado arrojó que había 866 personas, y el de abril de este año, 1066, por lo que remarcó que “sí, hubo un aumento”.
En medio de esta situación, la auditora general de la Ciudad, Cecilia Segura habló sobre la problemática ya que desde la Auditoría también se realizó un trabajo sobre las personas en situación de calle. Pero aseguró que el número es aún mayor al que se reconoció oficialmente.
“Nosotros nos reunimos con la autoridades porteñas que están a cargo de este tema hace unos días y ellos reconocieron el aumento del 23% de personas en situación de calle, aunque para nosotros ese número es mucho mayor”, aseguró.
“Lo que vemos es que pasan los años y no hay una solución integral para este problema, dijo Segura, quien agregó: “La política económica del macrismo ha producido un aumento de la gente en situación de calle, y la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, no tiene políticas coordinadas para dar una solución integral. Lo único que ofrece son paliativos que no resuelven nada”.
Además, y en plena campaña electoral agregó: “Como no hay política habitacional que atienda las necesidades de las personas que están en la calle o de las que están en riesgo serio de quedar en la calle, no hay ninguna posibilidad de acceder a una solución definitiva. Entonces, las personas quedan en dispositivos que son transitorios, pero que se vuelven permanentes”.
Finalmente, Segura se refirió a la situación de los paradores que el gobierno porteño dispone para la atención de las personas en situación de calle: “Los paradores no se adecuan a las necesidades de las personas que están en situación de calle. Entonces, las familias no quieren ir a esos lugares, porque tienen que separarse (solo una parador propio en toda la ciudad admite familias) o porque no pueden guardar sus herramientas de trabajo, o sus carros. Nadie quiere vivir en la calle, pero para muchas personas los paradores no son una opción. Y esto es grave”.
El tema de los paradores también fue cuestionado por la auditora. “El otro déficit serio es que no hay protocolos de intervención respecto a cuestiones de salud, de educación, de consumos problemáticos, y todo queda librado a la buena voluntad de los trabajadores de los paradores, que nos consta que ponen el mayor de sus esfuerzos, pero en una situación de mucha descontención por parte de las autoridades.”
Finalmente, Segura se refirió al Operativo Frío. “En los tres polideportivos de la Ciudad que se incorporan durante este operativo las personas solo pueden pasar la noche. Pensemos en una familia con chicos que en las vacaciones de invierno no van a la escuela y que entonces, con este frío, están todo el día en la calle”.
Al dato proporcionado por el Gobierno de la Ciudad el lunes, hay que sumarle que entre el 8 y el 15 de mayo se llevó a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, que surgió de más de 40 organizaciones sociales, políticas y barriales, dedicadas a la problemática, recibió el apoyo del Ministerio Publico de la Defensa, del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo porteña y la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
El censo se llevo a cabo en los 48 barrios y participaron más de 400 voluntarias y voluntarios que fueron capacitados previamente.
Según los organizadores del censo, “desde hace 12 años el Gobierno de la Ciudad da cifras incorrectas sobre la cantidad de personas en situación de calle. En 2016, el relevamiento dio cuenta de la existencia de 876 personas viviendo en la vía pública. El censo, sin embargo, se realizó en 24 horas y sólo en algunos barrios. No se tuvieron en cuenta, además, las personas en riesgo de estar en situación de calle”.
Para las organizaciones sociales que trabajan la problemática, las personas en situación de calle son alrededor de 26.000.
La ley de “Protección y garantía integral de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, que se impulsó desde las organizaciones sociales y se sancionó en 2010, establece que el gobierno debe realizar anualmente un censo de personas en situación de calle y extraer de allí información para elaborar políticas públicas integrales en conjunto con las organizaciones sociales que trabajan la problemática.
A través de la encuesta realizada especialmente para el censo, se buscó especificar las problemáticas de las personas y las apreciaciones que tienen de su situación, qué posibles soluciones se imaginan y cuáles son sus aspiraciones, además de recoletar toda una serie de datos que abordan de manera integral la problemática.