Según ella misma anunció, Laura Alonso fue elegida por Mauricio Macri para hacerse cargo de la Oficina Anticorrupción, un lugar clave para muchos de los que el 10 de diciembre se harán cargo de la Presidencia de la Nación.
Sin embargo, minutos después de que la misma Alonso comunicara esta decisión, se comenzó a dudar de los requisitos que exige el puesto y si la actual diputada los cumple o no.
Según el Artículo 6 de la Ley que regula la Oficina Anticorrupción, la misma estará “a cargo de un Fiscal de Control Administrativo, con rango y jerarquía de Secretario, designado y removido por el PRESIDENTE DE LA NACION a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
Y en el siguiente, el artículo 7, se aclaran los requisitos para desempeñar el cargo de Fiscal de Control Administrativo: “a) Ser ciudadano argentino; b) Tener no menos de TREINTA (30) años de edad; c) Tener no menos de SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial”.
El punto C es que dicen Alonso no cumple, ya que la actual diputada es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la UBA en 1996; y tiene además un posgrado (2000-2001) en la London School of Economics and Political Science (LSE), con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.
Es decir, Laura Alonso no es abogada, y además, no ejerció en el Poder Judicial, ya que en sus trabajos anteriores como diputada nacional, fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, y es además miembro del Consejo de Administración del Instituto Cultural Argentino-Norteamericano (ICANA).
De esa manera, Alonso no estaría en condiciones de –tal como la Ley está hasta el momento estipulada- asumir en la Oficina Anticorrupción, a menos que pueda demostrar que es abogada, o que ejerció en el Ministerio Público o el Poder Judicial al menos durante seis años.
