Una ley de responsabilidad del Estado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basada en la norma nacional de 2014 pero adecuada específicamente al ámbito porteño, fue debatida este viernes en una reunión conjunta (por videoconferencia) de las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
La responsabilidad del Estado es una doctrina según la cual esa institución debe indemnizar patrimonialmente por los daños y perjuicios que haya causado a las personas de existencia real o jurídica por su actividad o inactividad. Ha sido normalmente una cuestión canalizada y resuelta en el ámbito judicial, especialmente en lo Contencioso Administrativo.
La ley nacional 29644, que rige en la materia desde 2014, buscó establecer una normativa taxativa a esta relación litigiosa entre particulares y el Estado, a fin de evitar que los casos se definan solo por la jurisprudencia y la impronta de los jueces. Ahora, la Ciudad Autónoma procura tener su propia ley para ser aplicada en las relaciones entre el Estado local y sus ciudadanos, habitantes, transeúntes, contratistas, etc.
Al respecto, hay tres proyectos en tratamiento: uno presentado por el bloque UCR-Ev el año pasado, otro más reciente propuesto por Vamos Juntos y una última iniciativa del Frente de Todos.
En comisión se comenzó a trabajar un “texto de acuerdo” entre las bancadas, que seguirá siendo reelaborado y actualizado de acuerdo a las ponencias, como señaló el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), quien coordinó la reunión de hoy junto a Martín Ocampo (UCR), titular de la Comisión de Justicia.
Gastón Blanchetiere (VJ) explicó los preceptos de la iniciativa oficialista que -como dijo- “toma como referencia la ley nacional y los fallos de la Corte Suprema, pero es una ley superadora que protege, resguarda y tiene en cuenta los intereses de los particulares como así también los intereses del sector público de la Ciudad”.
Leandro Halperín (UCR) valoró la importancia de legislar en la Ciudad sobre la responsabilidad del Estado y también ponderó la búsqueda de un acuerdo entre bloques, “a pesar de algunas diferencias planteadas”. En similar sentido se manifestó Lucía Cámpora (FdT), quien hizo sus aportes y propuestas de puntos a incorporar en la ley en tratamiento.
Ante esas ponencias, el legislador Reyes sugirió seguir trabajando en el texto de la norma y posponer entonces los dictámenes que la comisiones planeaba emitir este mismo viernes.
Ocampo señaló que “es muy importante sacar del marco de la jurisprudencia y de las arbitrariedades que tienen los jueces y fijar las reglas en una ley” cuyo propósito es “la defensa del interés público, del bienestar general y de la actividad civil lícita”.
De la reunión conjunta participaron de forma remota, además de los ya mencionados, los diputados/as Claudio Romero, Gimena Villafruela, Esteban Garrido, Natalia Fidel, Claudio Cingolani, Matías López, Victoria Roldán Méndez, Ma. Luisa González Estevarena y Cecilia Ferrero (VJ); Ma. Rosa Muiños, Cecilia Segura, Claudia Neira y Santiago Roberto (FdT); Ariel Álvarez Palma y Manuela Thourte (UCR) y Sergio Abrevaya (Gen).
