La aprobación de la nueva ley de seguridad, que crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, provocó repercusiones en todo el arco político porteño. Los legisladores expresaron su opinión en el recinto, y una vez finalizada la histórica sesión.
El jefe del bloque de legisladores del Pro, Francisco Quintana, dijo que “la nueva policía, con un único jefe, tendrá un funcionamiento más eficiente”.
Y agregó: “Con la nueva policía habrá una fuerza unificada en la Ciudad, que operará bajo el mando de un único jefe, haciendo más eficiente su funcionamiento”.
Para finalizar, señaló: “Los policías ya no harán tareas administrativas. Se liberará una importante cantidad de agentes para que vuelvan a custodiar la calle, a integrarse a los barrios y sus realidades”, y a continuación aseguró: “La creación del Instituto Superior de Seguridad Pública garantizará la preparación profesional de todos los integrantes del sistema para que puedan dar respuesta a las problemáticas que plantean los vecinos”.
Dos de los legisladores que más trabajaron en el proyecto fueron el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza.
“Trabajamos considerablemente para que esta ley tenga como finalidad asegurar a nuestros vecinos de la Ciudad, instituciones confiables, profesionales y con una responsabilidad continua en pos de la seguridad pública”, dijo Presti.
“Como funcionarios y servidores públicos debemos comprometernos con los valores democráticos esenciales de nuestra sociedad. Por eso estoy convencido de que esta ley fundacional representa un elemento esencial para que la Ciudad continúe avanzando por el camino de la plena autonomía”, agregó.
Por su parte, Arenaza manifestó: “La Ley que aprobamos es fundacional, se logró con amplio consenso porque no es nuestra ley. Es la ley que le estamos dejando a la Ciudad. Hasta ahora el Jefe de Gobierno tenía las manos atadas, ahora va a poder decidir sobre las cuestiones públicas en materia de seguridad. De este modo seguimos completando el proceso de autonomía”.
Además, señaló: “La ley contempla la formación de la Policía de la Ciudad y vamos a trabajar para crear una fuerza democrática, transparente, cercana a la gente y en continua formación. Tendremos tolerancia cero con los policías corruptos y vamos a ponernos del lado de los honestos”.
La jefa del Bloque Peronista (BP), María Rosa Muiños, también expresó su opinión. Durante su intervención en el recinto destacó la “gran trascendencia institucional” de la ley, ya que representa “un paso más en la consolidación de la autonomía de la Ciudad” e implica “la fusión de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal Argentina, dando cumplimiento a nuestra Constitución local que establece que ‘el servicio de seguridad pública estará a cargo del Poder Ejecutivo'”.
Sin embargo, Muiños también dejó constancia de los puntos de la norma que consideró desacertados. En esa línea, señaló la “inconstitucionalidad” del artículo 91 de la nueva Ley, a través del cual se autoriza al personal policial a privar de su libertad a las personas que se nieguen a identificarse o no tuvieran documentación que acredite su identidad.
“Este punto es un retroceso, ya que la Constitución determina que ‘nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada de la autoridad judicial competente, salvo en caso de flagrante delito con inmediata comunicación al juez'”, concluyó María Rosa Muiños.
El bloque del Frente para la Victoria (FpV), también dejó constancia de su punto de vista. En su intervención, el jefe de Bloque, Carlos Tomada, remarcó “la necesidad de hacer respetar el espíritu de la ley en su implementación” y aseguró que desde el FPV “estaremos atentos en el control, velando por su estricto cumplimiento”.
“Si bien la ley no es ideal, es la ley posible en el marco de los acuerdos parlamentarios entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Su principal fortaleza está en que viene a reducir el margen de discrecionalidad, tanto del accionar policial como de la decisión política que lo valida”, señaló Tomada.
El legislador de la Corriente Nacional de la Militancia (CNM), Gabriel Fuks, afirmó: “Defender la legitimidad de las manifestaciones, la estricta regulación del uso de la fuerza y la mediación política de los conflictos son criterios que tienen que ver con una voluntad y decisión política. Nuestra preocupación aquí planteada es que no queda claro esa gestión política concreta al respecto”.
“Queremos mantener el concepto, que la democracia argentina incorporó, de que la protesta social forma parte de los derechos que tienen todos los ciudadanos y que debe ser tomado como una gestión política integral y no como un simple problema policial”, destacó Fuks.
El dirigente de Nuevo Encuentro y legislador del FpV, José Cruz Campagnoli, también opinó sobre lo que se aprobó. “En este contexto de ajuste y mayor conflictividad social es necesario tener una policía con una firme perspectiva de derechos humanos. No queremos una policía que caiga en los viejos vicios de las fuerzas, ni que persiga a nuestros pibes sumando nuevos casos de gatillo fácil. Por eso procuramos una normativa que establezca la prohibición de portar armas de fuego letales en operativos policiales frente a manifestaciones públicas”, señáló.
Los legisladores de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro también dieron su parecer acerca de la nueva ley.
Oliveto señaló que la ley “no sólo implica la creación de la Policía de la Ciudad sino que es un plan integral profundamente innovador que contempla un cambio de paradigma, donde el foco ya no está puesto solamente en perseguir el delito sino sobre todo en prevenirlo”.
La legisladora subrayó que “la iniciativa aborda aspectos importantísimos y transformadores como los son la participación vecinal, la confección de un mapa del delito, la creación de una Oficina de Transparencia en manos de civiles y la posibilidad de que la máxima autoridad policial sea también un civil” al tiempo que aseguro que estas modificaciones son importantes si lo que “queremos es descartar un viejo sistema de seguridad verticalista y corporativo que claramente fracasó hace ya mucho tiempo”.
“Sólo basta preguntarnos cuántos policías hay detenidos por alguna denuncia de Asuntos Internos de la Federal para corroborar que hay un pacto de silencio, de autoprotección entre los miembros de la antigua fuerza” finalizó Oliveto.
Por su parte, Ferraro expresó: “Aprobar esta ley constituye un momento histórico y no podemos dejar de acompañar y remarcar que es un reclamo transversal a todas las fuerzas políticas que han participado de las distintas elecciones de Buenos Aires. Además tuvo que ver con una decisión estratégica y política de la cual el Gobierno Nacional y el Presidente de la Nación elaboró para que se cumpla de una vez por todas uno de los pasos pendientes que tenía la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y agregó: “Ojalá que con esta Ley fundacional en materia de uno de los reclamos históricos para completar nuestra autonomía desterremos de la fuerza de seguridad propia todo tipo de connivencia vinculada al delito y a la impunidad”, expresó el legislador.
Los diputados del espacio de Martín Lousteau también acompañaron la aprobación del proyecto del traspaso de la Policía Federal. Tras la sanción de la ley, la diputada Natalia Fidel (ECO), celebró la nueva disposición al sostener que “a partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá hacerse cargo de la cuestión de la inseguridad sin poder buscar a otros culpables y sin poder responsabilizar a las autoridades de otras jurisdicciones por lo que ocurra en materia de seguridad pública en nuestra Ciudad”.
En ese sentido destacó el aporte del interbloque a la nueva medida: “Desde ECO trajimos a colación algunas iniciativas que habían sido presentadas originalmente en la campaña del año pasado por nuestro candidato a Jefe de Gobierno, Martín Lousteau. Nuestro objetivo de máxima consistía en crear y regular dentro de esta ley un Sistema de Descentralización de Denuncias y un Sistema de Información y Estadística Criminal.”, dijo.
Por último, Fidel remarcó: “En las próximas semanas el Gobierno de la Ciudad tendrá uno de los mayores presupuestos en materia de seguridad ciudadana de la historia de esta Ciudad. Con todas estas herramientas, el Ejecutivo tendrá la obligación inexpugnable de hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Por eso acompañamos esta ley y desde hoy vamos a exigirle más al Gobierno de la Ciudad para combatir la inseguridad”.
El titular del bloque Frente Renovador en la Legislatura porteña, Javier Gentilini, acompañó en general el Sistema Integral de Seguridad Pública. No obstante, señaló algunas contradicciones en la normativa: “Si disponemos que la Sociedad Civil puede controlar a quien vaya a estar a cargo del cuerpo policial, no puede haber una cláusula transitoria que exceptúe al primer jefe designado”.
“Es poco claro el criterio de seguridad al que responde la insólita indumentaria de la nueva fuerza, para la cual se van a destinar casi 800 millones de pesos”, dijo el diputado porteño.
Otro aspecto que marcó el diputado del Frente Renovador con respecto a la prohibición de portar armas con munición de guerra en manifestaciones, es que “el Gobierno porteño no termine eludiendo lo mismo en la reglamentación y los protocolos de procedimiento para el accionar de las segundas y terceras líneas de efectivos de reserva para ese tipo de situaciones”.
El presidente del bloque del Partido Socialista (PS), Roy Cortina, celebró los consensos logrados para aprobar la ley. “Esta ley integral asume una concepción democrática de la seguridad pública vinculada a la protección de derechos y sienta las bases para el funcionamiento de una Policía moderna y sujeta al control del poder político, menos burocrática, cercana a la ciudadanía y sin lugar para focos de corrupción, señaló.
“El Mapa del Delito es un instrumento fundamental para conocer cómo impactan las actividades criminales en los distintos barrios porteños y avanzar en el diseño de políticas públicas de seguridad que sean eficaces” y agregó “Los argentinos vivimos años de ocultamiento estadístico con el kirchnerismo y sufrimos en carne propia las terribles consecuencias de negar los problemas en vez de generar propuestas para superarlos”, finalizó Cortina.
El legislador del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, señaló: “Voté abstención en general y negativo en ciertos artículos. El texto fue entregado, con muchas modificaciones, a minutos de iniciarse la sesión. Es imposible decidir sobre un tema tan importante sin tiempo para evaluar el contenido de los 522 artículos de la norma”.
El diputado porteño denunció que algunos artículos votados violan derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad. “El Artículo 258 de la ley prohíbe al personal civil que trabaja en la policía cualquier participación política o sindical; esto está en contradicción con el Artículo 11 de la Constitución que dice: ‘la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad’”, explicó.
El legislador del FIT, Marcelo Ramal, señaló: “La ley pretende enmascarar este estado de cosas con una ficción de participación ciudadana, a través de ´foros´ que carecen de cualquier injerencia o control real sobre lo que ocurre en las comisarías”.
“La ley que se va a votar refuerza la existencia de un Estado policial, al consagrar las detenciones arbitrarias y la represión a manifestaciones, en medio de un feroz ajuste contra el salario y el derecho al trabajo. Pero además, legaliza al sistema de adicionales, punto de partida para la privatización de la seguridad, de la formación de cajas paralelas y de un sistema de coacción de los comisarios sobre sus subordinados fundado en prebendas económicas”, finalizó.
