Hay espejos maliciosos que se niegan a cumplir su función. Son rebeldes, caprichosos, y cuando una persona los mira de frente se niegan a reflejar su imagen. Lo que devuelven es un retrato deformado que no representa la realidad. Algo parecido sucede con la mediática y rimbombante denuncia contra el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, que lo vincula al narcotráfico.
Lo que salió a la luz, más allá de la veracidad o no de la acusación, se transformó en una maniobra política cuya repercusión tiene que ver más con las elecciones del próximo domingo que con la búsqueda concreta de la verdad sobre el tráfico de efedrina en el país.
Todos los que hablaron de la denuncia la utilizaron únicamente como un arma política. Esto fue así de los dos lados. De los que acusaban a Fernández y de los que lo defendían. Porque la defensa giraba monolíticamente en torno al argumento de que se trataba de una operación para dañar su precandidatura a gobernador bonaerense. Hasta el propio Fernández acusó a sus competidores internos de ser parte de la movida.
Así planteadas las cosas, el fuego cruzado y altisonante tapó la cuestión de fondo: las causas del triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina en la Argentina y el supuesto financiamiento de los narcos a las campañas políticas. Datos y cuestiones que dejan al descubierto a importantes y poderosos sectores de Inteligencia que están detrás del manejo de un negocio millonario.
“La importancia del triple crimen es que echa luz sobre el cóctel que conforman el narcotráfico, la política y las fuerzas de seguridad. En la pelea por el manejo de la Inteligencia, controlar el negocio narco es clave por los dividendos que deja. No se trata de que las fuerzas de seguridad manejen el negocio sino que les den vía libre a los narcos a cambio de dinero y de que no hagan ruido. Esto quiere decir que no diriman sus internas con tiroteos de impacto mediático. El negocio funciona en silencio”, explicó a Noticias Urbanas un comisario inspector de la Policía Federal (PFA). Para no dejar dudas sobre sus palabras, el policía eligió hacer gala de su información y, concretamente, dijo: “Hace rato que sectores de la Secretaría de Inteligencia, del Ejército, de la Federal, de la Bonaerense y de la política están en guerra”. El efectivo no tiene duda de que, además del entramado político, la denuncia contra Aníbal Fernández tiene su origen más fundamentado en esa disputa.
Acá es donde los sectores adquieren nombres propios. Y las figuras del exjefe del Ejército, César Milani; del excapo de la SIDE, Jaime Stiuso; del cristinista de la SI, Fernando Pocino; de Aníbal Fernández, y de Elisa Carrió sobresalen por encima del resto.
Los hechos y las sospechas
Según las fuentes consultadas por Noticias Urbanas, hay que entender que en el escenario en donde se lleva a cabo la guerra por el control de la inteligencia, Milani y Pocino estaban enfrentados a Fernández, y Stiuso parecía estar cerca de Carrió.
“En julio de 2013, en plena campaña electoral, Unen decide hacer un escrache en la puerta de la SIDE contra Stiuso y los exjefes políticos K del organismo, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. En Unen todavía recuerdan la negativa de Carrió a marchar contra Stiuso y los halagos que le propinó, ante sus por entonces compañeros de ruta. El propio Fernando ‘Pino’ Solanas lo manifestó públicamente. Por eso muchos creen que los datos de la denuncia narco de Carrió contra Aníbal vienen de Stiuso”, relató a Noticias Urbanas un exagente de Inteligencia vernáculo.
Que la denuncia de José Luis Salerno que se difundió el domingo en el programa de Jorge Lanata se haya realizado en el living del departamento de Carrió disparó las sospechas de muchos sobre Lilita. Salerno era policía, pero se dedicó a la farmacia de su papá, donde terminó siendo socio de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen.
El 13 de agosto de 2008, los cadáveres de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron encontrados en un descampado cercano a la Ruta 6, en General Rodríguez. Los tres tenían varios disparos de bala y llevaban varios días muertos.
En el reportaje, Salerno involucró a Aníbal Fernández con las muertes, al hacer mención de que le decían “la Morsa”.
Pero el que terminó por inculpar a Aníbal fue Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen. El preso acusó a Fernández de haber recibido dinero del narcotráfico y de haber sido autor ideológico del triple crimen.
A partir de su actividad en el Registro Nacional de Armas, Lanatta conoció a Sebastián Forza, otro de los asesinados. “Él ya tenía la portación por empresa y yo le dije que la haga personal. Él estaba en la droguería, me comenta que lo estaban persiguiendo, que en cualquier momento iba en cana. ‘Drogas Peligrosas me tiene loco.’ Necesitaba hablar con alguien. Yo tenía un socio que era comisario general, pensamos que había que hablar con el jefe de policía, que estaba en la órbita de Aníbal Fernández (en ese entonces era ministro de Justicia). Aníbal me dice: ‘Este pibe es un desprolijo, ya tendría que estar en cana. Para sentarse a hablar conmigo tiene que poner 250 mil dólares. Si no, que ni me moleste. Yo le conté las costillas y sé cuánta plata juntó’”, manifestó Lanatta en el programa Periodismo para todos.
El condenado por el triple crimen dijo que luego de la entrega del dinero se habría dado la reunión con Fernández, en el Departamento Central de la Policía Federal.
“Forza empezó con 1.500 preguntas. Aníbal le dice: ‘Nene, primero vamos a poner el caballo delante del carro porque muchas luces no tenés, me tenés que escuchar a mí’. Le pidió a Forza que le dé toda la información que tenía sobre la mafia de los medicamentos porque quería desbaratarla. Dejó en contacto a Forza con un tal Máximo, para que se manejaran entre ellos. Esta persona, de Inteligencia, empezó a meterse de lleno en el negocio. Empezó a coordinar la entrada al negocio de la efedrina aprovechando los contactos de Forza”, dio más detalles Lanatta.
Después acusó con todas las letras a Fernández. “Quien da la orden de la muerte es Aníbal Fernández, no [Esteban] Pérez Corradi (NdR: Acusado en la causa judicial de ser el autor ideológico del crimen y actualmente prófugo). Él era el financista, no estaba enemistado a muerte. Un tipo al que le deben dos millones de mangos, ¿te quiere vivo o muerto? ¿El muerto paga? El negocio de la efedrina se lo queda en su totalidad Aníbal con la gente de Inteligencia. El crimen lo instrumentó con esta persona de Inteligencia”, disparó el “arrepentido” en PPT.
Las desmentidas y los anzuelos para desviar el eje
La desmentida sorprendió por la rapidez y la contundencia. Al día siguiente de la emisión de la entrevista, Roberto Casorla Yalet, abogado de Lanatta durante el juicio por el triple crimen, dijo que su cliente “jamás” le “mencionó a Aníbal Fernández”, y agregó: “En todo caso, decía que quería conocerlo para aclarar que él no tenía nada que ver. Aníbal nunca quiso recibirlo ni nada”.
El abogado fue más lejos y dijo que Lanatta hizo la acusación porque le prometieron un beneficio. “Dijo lo que dijo porque alguien lo recompensó. Tengo conocidos dentro del penal donde está detenido Lanatta. Me contaron que vinieron muchas veces desde la producción del programa para convencerlo de hablar. No fue algo espontáneo. Lanatta no puede tener ningún beneficio procesal. Él tiene condena firme. Lo único que puede tener es una ayuda material. Tiene seis hijos. Le ofrecieron plata, no puede haber otra posibilidad. Que se diga que Aníbal fue el que encargó el triple asesinato es una barbaridad absoluta. Nunca apareció el nombre de Aníbal en el juicio por el triple crimen. Se supo que “el Morsa” era un policía, no Aníbal. Era un tipo que iba a recaudar. Nunca apareció el nombre de Fernández”, aseguró Casorla Yalet.
La política volvió a meter la cola en el tema narco cuando hace unos meses un asesor del legislador de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, fue detenido en un operativo por narcotráfico. Carrió, jefa absoluta de la CC-ARI, acusó al director de Reunión de la SI, el cristinista Pocino, de armar una operación contra su partido.
“Quienes investigaron el caso comprobaron que el asesor integraba una organización que operaba por una ruta que estaba bajo el control de Stiuso. Para Jaime, el operativo fue un golpe de Aníbal Fernández para quitarle espacios de poder y por eso Lilita acusó a los K”, le dijo a NU un abogado relacionado con la causa.
Para las fuentes consultadas por este medio, el triple crimen demostró que el enorme tráfico de efedrina a México únicamente se podía dar porque las autoridades políticas lo permitían a cambio del “cobro de un peaje económico”.
“Es inentendible que las enormes cantidades de efedrina que se exportaban a México, donde estaba prohibida su comercialización libre por ser uno de los precursores químicos fundamentales para producir metanfetamina, no despertara la atención de los funcionarios argentinos. Ellos conocían los datos de exportación. Por eso, los que debían controlarlo son sospechosos de recibir algo a cambio de no cumplir con su función”, detalló un excomisario de Drogas Peligrosas.
“No es novedad que a nivel mundial los grandes narcos aporten dinero a los políticos y funcionarios de turno para que no los molesten y así lograr que el negocio ilegal siga funcionando. Eso es lo que a menudo sucede. Pero los políticos no son jefes narcos. Sus objetivos son otros. Por eso es poco creíble que un funcionario haya ordenado los asesinatos de General Rodríguez. Lo que sospechan los que conocen el negocio es que Aníbal ‘deje hacer’, al igual que otros funcionarios actuales, pasados y futuros”, agregó el expolicía federal.
Con una seguridad marcial que asemejaba sus palabras a una sentencia tan contundente e irrebatible como las balas, el hombre se despidió lanzando la hipótesis más compartida por los especialistas y conocedores del ambiente narco: “En la investigación, la causa de los crímenes tiene que ver con los socios argentinos y los narcos mexicanos en contra de quienes hicieron mal las cosas y quisieron abarcar más de lo que podían. La forma en la que fueron ejecutados tiene las características de los crímenes efectuados por los carteles mexicanos. Pero, además, el hecho dejó al descubierto el combate de varios sectores de las fuerzas de seguridad argentina por controlar las valiosas rutas narcos y el tránsito y salida de los estupefacientes del país”.
