Un comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUM) sumó un nuevo capítulo a la férrea resistencia que se disponen a encarar los funcionarios judiciales, en pos de mantener el poder adquisitivo de sus salarios.
Por de pronto, se podría decir que en esta materia gozaron de algunas ventajas por sobre el resto de la masa asalariada que se retiró de la vida laboral activa desarrollando otras actividades no relacionadas con la augusta tarea judicial.
Un juez de la Corte Suprema de Justicia cobra por estos días una suma cercana a los $341.000, mientras que el presidente de la Nación posee una retribución de $286.000. En ambos casos, sin tomar en cuenta ningún plus salarial, que podría elevar ambas sumas. Entretanto, en el resto del Poder judicial existe una cierta dispersión salarial. Por ejemplo, un juez cordobés cobraba en 2018 $240.000, mientras que en la misma provincia un juez del Tribunal Superior de Justicia recibía $340.000, una suma similar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los miembros de la Asociación presidida por el fiscal Carlos Rívolo pretenden participar de las discusiones que se desarrollarán en el ámbito legislativo antes de darle forma definitiva a la ley, “para clarificar diversos aspectos técnicos que han sido erróneamente plasmados y que ameritan ser determinantemente considerados previo a su tratamiento en el plenario“.
“No podemos dejar de señalar las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de Justicia, producto de la abrumadora presentación de renuncias de los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales y Federales, que decidieron acogerse al beneficio jubilatorio en vigencia y ante la incierta situación que provoca el texto pretendido por el Poder Ejecutivo Nacional”, reza el comunicado de los fiscales, preanunciando un posible vaciamiento de la Justicia.
También cuestionaron los funcionarios judiciales “la incomprensible urgencia impuesta a su sanción y la ausencia de convocatoria oficial, en su oportunidad, por parte del Poder Ejecutivo a los representantes de los directos interesados para generar un proyecto de consenso que hubiera permitido evitar efectos adversos en el Sistema de Administración de Justicia”.
La iniciativa gubernamental prevé la modificación de las leyes 24.018 -que rige a las jubilaciones del personal judicial- y 22.731 -que hace lo mismo con el personal diplomático y de la cancillería. En el primer caso, los afectados son 17.600 personas, que aportan en promedio unos $32.000 pesos mensuales al sistema previsional mientras se encuentra en actividad. La segunda ley mencionada abarca a siete mil beneficiarios, que perciben en promedio unos $289.000. De todos ellos, la jubilación más elevada asciende a 770.100 olímpicos pesos, que significa 55 veces el haber mínimo que cobran los mortales, que llega a $14.068. La desproporción llega al punto en que el haber jubilatorio máximo de la escala de gente común, que es de $103.064, es siete veces menor a aquel otro de $770.100.
El cierre de esta controversia debería desmentir al desagradable aserto de Groucho Marx, que anticipó hace casi un siglo que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
¿Será justicia?
