Matías Ranzini es uno de los legisladores provinciales más cercanos al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Después de los cruces en torno a la responsabilidad del asesinato de un colectivero en Virrey del Pino, el legislador cuestionó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, por hacer un “uso político” de la muerte. Consideró que deben hacerse cargo todos los niveles estatales e informó que en 180 días todos los colectivos tendrán cámaras de seguridad. Sin embargo, reparó en que las soluciones llegarán a largo plazo. “Lo que pasó con este colectivero no es producto de un intento de robo, sino de la violencia presente en la sociedad”, deslizó.
–En medio de los cruces entre la Provincia y la Municipalidad de La Matanza, ¿quién se hace responsable por la muerte del colectivero?
–La responsabilidad del Estado la tenemos todos. La tienen el Poder Ejecutivo, el municipio, la Provincia, la Justicia. Ocurrió un hecho desafortunado. Con la UTA veníamos trabajando muy bien en relación con Roberto Fernández y con el diputado Martín Domínguez, presidente de la Comisión de Transporte, que también es miembro de la UTA. Durante el último año y medio, el ministro Ritondo trabajó con el sindicato en detectar anomalías o percepciones de los choferes de colectivos, que son rápidamente procesadas por la policía. Así pudimos prevenir bastantes hechos. Lo que pasó con este colectivero no es producto de un intento de robo, sino de la violencia presente en la sociedad. En eso tenemos que trabajar brindando educación y trabajo.
–¿Qué medidas está tomando la Provincia?
–Cuando decimos que luchamos contra el narcotráfico, el narcomenudeo y la tenencia de armas es porque sabemos que hay una combinación explosiva en la gente, que es la tenencia de armas con el consumo de drogas. Hoy el Ministerio de Seguridad está haciendo una gran tarea. Decomisa 80 armas por día, eso es muchísimo. Pero hay un problema grave cuando hay una pata que falla. La Provincia invierte y hay un municipio que conoce las particularidades de cada zona, pero no invierte. En la mayor parte de los municipios gobernados por el peronismo o el Frente para la Victoria, el ministro de Seguridad tiene una excelente relación con los intendentes. Son ellos mismos los que marcan dónde están los problemas para buscar una solución. Dicen hacia dónde se corrió el delito, para que el Ejecutivo pueda analizar y tomar medidas, sea por la vía policial o de las intendencias. En el caso de Magario, es un gobierno que no dialoga.
–Magario dice que no le mandan fondos y que le sacan policías y patrulleros. Y piden que les traspasen la policía.
–Cuando miraba la conferencia de prensa de Magario me sorprendí. Ella planteaba que tenía 500 millones de pesos para seguridad. Esto va sumado a los 239 millones de pesos que le dio la Provincia. Pero según el Tribunal de Cuentas, el ente que controla los gastos de cada municipio, no gastó un peso. En total tiene 750 millones de pesos. Es un hiperpresupuesto para gastar en seguridad y mostrar una inversión. Después vemos que La Matanza cobra tasas de seguridad, pero no compra cámaras, no hace investigaciones ni les paga los sueldos a la policía provincial ni a la policía local, que es el principal gasto en seguridad; no compra chalecos ni armas. Después ves que la provincia de Buenos Aires le entregó 51 móviles nuevos y dos camionetas RAM para una fuerza especial, así como chalecos antibalas. Si te ponés a pensar, te preguntás qué hizo con la plata. Más allá de lo que diga el Tribunal de Cuentas, tampoco vemos la plata en la calle. Hoy La Matanza tiene 450 cámaras. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene más de 2.500 y está en un plan progresivo para llegar a las 10 mil en 2019. Queremos saber dónde está el dinero invertido en La Matanza. Por eso yo presenté un pedido de informes para que el Tribunal de Cuentas explique si La Matanza tiene algún plazo fijo o un fideicomiso o algún otro activo financiero donde tenga depositada gran cantidad de plata. La Matanza no es una jurisdicción como Noruega, con un fondo soberano donde van los excedentes del petróleo como rol anticíclico para épocas de necesidad. La Matanza tiene urgencias, la mayor parte no tiene cloacas, el transporte es muy deficiente. La verdad es que con la obra del metrobús que hicieron Macri y Vidal mejoró muchísimo la calidad de vida de los matanceros. Pero es un municipio que necesita y no se puede dar el lujo de tener grandes cantidades de dinero en un plazo fijo. Puedo entender que tenga un tercio del plazo fijo para mantener el valor del dinero que deberían gastar en el último trimestre del año. Pero si esta cantidad es mayor, estaríamos en un problema grave de gestión, y para los matanceros.
–¿Quién es el encargado de poner las cámaras en los colectivos? Este es un tema que se viene hablando desde hace tiempo y no se lleva a cabo.
–La ley ya se aprobó y esta semana la gobernadora firma la reglamentación. Los encargados de poner las cámaras son las empresas de colectivos, que van a tener 90 días para cubrir las unidades que hagan el servicio nocturno y otros 90 días para completar la totalidad. En 180 días los empresarios tienen la obligación de tener todos los colectivos cubiertos con cámaras. La gobernadora Vidal y el ministro Ritondo pusieron el Banco Provincia a disposición, para que el impacto financiero no sea tan grande, con una línea de crédito especial, blanda, a pesar de que generaría pérdidas para el banco.
–No es el primer colectivero que asesinan en estas circunstancias. ¿Por qué no se hizo antes?
–Se está trabajando en la reglamentación desde hace cuatro meses. Antes no estaba aprobada la ley. Es una ley del año pasado, de Cambiemos, una iniciativa nuestra, consensuada con el Poder Ejecutivo, y fue aprobada recién a mitad del año pasado. El lunes seguramente salga firmada. Durante el último año se trabajó con el gremio y se pudieron prevenir muchos casos, especialmente en el segundo cordón del conurbano.
–¿En qué consiste la prevención?
–Los colectiveros conocen sus recorridos, y cuando detectan alguna señal anormal, lo avisan. Por ejemplo, si en cierta zona lo empiezan a apedrear, dan la alerta a Seguridad, que actúa sobre el área. En ese aspecto hay una dialéctica con la UTA que permitió prevenir bastantes hechos. El ministro viene trabajando en estos temas.