La diputada porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, denunció este sábado que “el Estado no quiere controlar los millones de FPT”. “Poder, puede. Tiene todos los elementos legales para hacerlo”, subrayó.
La ex ministra de Salud sostuvo que “acá se ha pensado que la AFA era una entidad extraterritorial, que no se debe adaptar a las leyes argentinas. A pesar de que el senador Aníbal Fernández diga lo contrario, él firmó una adenda en 2011, en la que, justamente, establece una serie de controles para la AFA”.
Cuando se le consultó en una entrevista con La Nación si consideraba que algún dirigente podría quedar preso, Ocaña indicó que “los jefes de Gabinete, como mínimo, tienen un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Ocaña presentó una denuncia, por la cual la Corte Suprema de Justicia hará un peritaje para analizar el manejo de los fondos que se destinan para el programa Fútbol para Todos. “Nunca se dice por qué se decidió pagar 600 millones de pesos. Tampoco, por qué se decidió pasar a 975 millones de pesos en 2011. No está justificado por qué hoy le pagan 1140 millones de pesos. Nadie lo sabe. La jueza (María Servini de Cubría) tiene que profundizar en esos aspectos, porque aquí hay recursos públicos que se están manejando y se han desviado a empresas que, como mínimo, son amigas del poder. Sólo se constituyeron y crecieron prestándole servicios al Estado”, advirtió.
Pericias en la AFA
En tanto, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la realización de pericias en los libros contables secuestrados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que contienen datos del dinero recibido del Gobierno nacional .
Fuentes judiciales precisaron que los estudios fueron encargados al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta causa penal busca investigar adonde fueron a parar los miles de millones de pesos que paga el Estado Nacional y cuánto llegó a los clubes. Y tiene como imputados al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus antecesores en el cargo, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. También estuvo imputado Julio Humberto Grondona, como presidente de la AFA, hasta su fallecimiento.
