Con el aval legislativo tras haber aprobado el proyecto que postula al Monumento a Colón como parte integrante del patrimonio de la Ciudad, la Justicia dio otro revés judicial al Gobierno nacional. El Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo Federal prorrogó por tres meses la cautelar que impide su traslado.
La medida vencía el 12 de este mes y, si no era renovada, el Gobierno nacional iba a tener vía libre para llevar la estatua a Mar del Plata.
Según se conoció este miércoles, el fallo fue dictado por la jueza subrogante María Cristina Carrión de Lorenzo, que extendió por tres meses más “y/o hasta que se decida la cuestión de fondo”, la resolución del 12 de Junio de 2013. Esa medida prohíbe al Ejecutivo “concretar cualquier acto que implique el traslado del monumento” y ordena que cualquier intervención sobre éste se realice en concurrencia con el Gobierno porteño.
“No hay ninguna duda respecto de la propiedad del monumento a Colón: está inventariado en la Dirección de Paseos y en el Departamento de Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad desde 1926. Estamos contentos con esta prórroga, porque le da más tiempo a la Justicia para estudiar la situación”, sostuvo María Carmen Arias Usandivaras, la abogada de Basta de Demoler, que presentó un amparo junto a otras ongs y la colectividad italiana.
“Para nosotros es muy esperanzadora, como también lo es la declaración del monumento como patrimonio cultural porteño”, subrayó Julio Croci, secretario de la Federación Calabresa.
Respecto a la estatua, que todavía está acosta Arias Udansivaras agregó: Ya no están los andamios ni la grúa. Nunca hicieron nada para restaurarla. La sacaron y la dejaron ahí”.
“Además, el Gobierno nacional nunca le dio concurrencia al Gobierno de la Ciudad, como ordenó la Justicia”, agregó Santiago Pusso, también de Basta de Demoler.
El origen del conflicto data de marzo pasado, cuando comenzaron a sonar las versiones que daban cuenta de un inminente traslado del monumento y en su reemplazo el emplazamiento de la figura de Juana Azurduy, donada por el Gobierno boliviano.
Con el argumento de que se le permitía refacción alguna, la Presidenta hizo expreso el deseo del Gobierno de mudar el monumento. Pero como la medida sí habilita la posibilidad de realizar tareas de conservación, la Justicia desestimó la denuncia. Sin embargo, nunca se vieron trabajos de restauración.
