El Gobierno ya tendría listo un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y podría enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias. De esta manera, adelantó el diario Clarín, el Poder Ejectivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. Además, el proyecto contempla que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sea de 15 años.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, habría dado el visto bueno a Garavano para la edad quede en 15 años.
La decisión del Gobierno para reimpulsar un proyecto que se encuentra “dormido” desde el 2017 se debió a la repercusión neutra que tuvo en la opinión pública la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de incorporar pistolas taser en aeropuertos y trenes.
El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.
En nuestro país, la mayoría de los chicos que permanecen privados de la libertad en Argentina lo están por delitos menores “contra la propiedad” y no por delitos graves. Por otra parte, y según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, había 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3%), entre 16 y 17 años hay otros 789 (60,5%), es decir un total de 871 sumando ambas edades. El resto eran jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad es 1305.
Según Unicef, bajar la edad de imputabilidad “no suma” y sólo conduciría a “llenar con chicos” los institutos de menores. La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar. La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva. Dirigentes de la oposición más dura al macrismo manifestaron su repudio.
Por caso, el jefe de la bancada de diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, se manifestó por Twitter calificó a Bullrich, a quien sindica como principal artífice del proyecto, como “bruta, fascista e ignorante”. “No sorprende que Patricia Bullrich pretenda construir un discurso y perfil similar al de Jair Bolsonaro. Es bruta, fascista e ignorante. Las principales cualidades ya las posee”, despotricó el diputado de Red por Argentina.
“Según la UCA y UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyeron un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿La única respuesta que propone Macri y Bullrich es mandarlos a la cárcel?”, completó el joven legislador. Por su parte, desde la izquierda, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano también salió contra la iniciativa del Poder Ejecutivo, que según dijo, busca “reforzar la represión” como respuesta a la “crisis” económica.
“Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser, ahora el gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis refuerzan la represión”, aseguró el diputado del Frente de Izquierda.