La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley para que las formaciones de la red de subterráneos de la Ciudad cuenten con vagones exclusivos para mujeres a fin de evitar situaciones de acoso o abuso.
La iniciativa plantea que las mujeres que lo quieran podrán usar los vagones exclusivos, los que funcionarán de lunes a viernes de 7 a 10 y de 17 a 19, en tanto que estará prohibida la permanencia de personas de sexo masculino en las formaciones señaladas. El proyecto indica que los vagones estarán identificados “de forma clara y visible” y asimismo “se informará sobre su existencia en todas las estaciones correspondientes a las líneas del subterráneo”.
Por último, sostiene que las mujeres que viajen con niños de hasta 13 años podrán acceder a los coches exclusivos en compañía de los menores.
El proyecto generó polémica porque no soluciona el problema de fondo, que es la violencia de género en el país.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, opinó sobre el proyecto de Ocaña como una iniciativa que “no tiene lógica” ya que “podrían darse situaciones de violencia de género en cualquier otro trasporte”. Además, indicó que “no funcionaría y no lo veo como una solución de un problema, todo lo contrario, lo veo como rendirse ante este tipo de situaciones”.
Por su parte, la referente del Movimiento Libres del Sur, Laura González Velasco, planteó que es un “retroceso de derechos” ya que de esta manera “no podemos combatir la violencia contra las mujeres, el acoso y el abuso limitando nuestras libertades”.
Velasco resaltó que “llevar adelante el cambio cultural para dejar de naturalizar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y la desigualdad es una tarea que necesita decisión política y presupuesto para políticas públicas, pero también una orientación acertada”.
Además, Velasco junto con la diputada nacional Victoria Donda y las organizaciones Acción Respeto y Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) presentaron en 2015 en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos.
Con la intención de frenar el acoso callejero como una de las formas de violencia contra las mujeres, la norma prevé una pena económica a través de una multa que va entre los $100 y los $7000 que será recaudada con el Consejo Nacional de las Mujeres para llevar adelante la campaña de concientización y sensibilización.
Este organismo cuenta actualmente con sólo el 0,055% del presupuesto nacional, $4,50 por año por mujer, para combatir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los lugares donde se desarrollan sus relaciones interpersonales según plantea la ley 26485.
Según una encuesta presentada por Mumalá en el mes de mayo, sobre 206 casos de mujeres consultadas en la Ciudad de Buenos Aires, un 29% dijo haber sido violentada físicamente con manoseos en la vía pública.
