Era 1921 en Argentina. Primera presidencia del radical Hipólitico Yrigoyen. Nos decían (¿decían?) el “granero del mundo”. Había un modelo agroexportador. Ya habíamos sufrido las consecuencias del primer default económico de nuestra historia, es decir, una deuda externa que pidieron los grandes empresarios y que después paga el pueblo. Los varones tomaban todas las decisiones de poder de la vida cotidiana. Las mujeres no votaban ni trabajaban fuera del hogar.
En ese año, todos los varones integrantes del Congreso de la Nación hicieron una reforma al Código Penal y decidieron que la Interrupción Voluntaria del Embarazo sobre el cuerpo de las mujeres sería legal por dos causales:
- Cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
- Con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante
En el 2012, el fallo FAL respaldó los abortos no punibles para todos los casos en que corra riesgo la vida o la salud de las mujeres -en un sentido amplio que considera su salud física o emocional-.
Noventa y ocho años tiene el artículo 86 del Código Penal argentino, que penaliza el aborto con uno a cuatro años de cárcel , tanto a la mujer, como a quien lo realiza o coopere en su práctica. Con programas de salud sexual y reproductiva de ejecución despareja según las provincias, con una ley de educación sexual integral de cumplimiento deficiente, la prohibición y el castigo no han servido para frenar los abortos clandestinos.
Niñas, no madres
Según las cifras del 2018 que aportó el Ministro de Salud de la Nación, Alberto Rubinstein, se producen 354.627 abortos al año, es decir, 41 abortos por hora, el 95% en condiciones inseguras.
La legalización del aborto, además, implicaría un ahorro de 84% si se legaliza, 98% de internaciones menos y reducción del 92% de las muertes.
La legislación es clara: es ilegal obligar a parir a menores de edad víctimas de abuso. Sin embargo, esta semana, le practicaron una cesárea a una niña de 12 años embarazada producto de una violación en Jujuy. Tanto su madre como ella habían pedido que se cumpla el protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo al que esa provincia adhirió.
Fue atendida en un primer momento en un hospital de San Pedro, una localidad de esa provincia. Los médicos, incumpliendo la ley, se autoproclamaron “objetores de conciencia”, es decir, argumentaron que su moral era más fuerte que cumplir las leyes. El ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, dijo que tanto ella como la beba están bien. En la ley y el protocolo, incluso, no se establece un plazo de gestación para realizar la práctica.
La dilatación de su derecho a decidir fue consecuencia de grupos autodenominados “pro vida” que fueron hacia el hospital a presionar para que no se cumpla con la Ley de hace 86 años. La diputada nacional Gabriela Burgos (UCR) se encargó personalmente de apoyar el rechazo médico. Ella, que responde al gobernador Gerardo Morales, también preside nada menos que la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La evidencia médica demuestra, además, que un aborto legal es más seguro que un embarazo. Esta cifra aumenta en menores de edad: los embarazos y los partos en adolescentes representan un riesgo a la salud para la niñas.
Cada 3 horas, en Argentina, una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre (es lo que llamamos Niñas madres). En el 2018, 22 niñas fueron asesinadas y la mayoría de ellas, además, abusadas sexualmente.
A fines de octubre, en la misma provincia de Jujuy, se conoció el caso de una escuela en el barrio Alto Comedero, donde de 200 alumnos 30 de las chicas están embarazadas. Tienen entre 10 y 19 años.
Jujuy es una provincia que supera la media nacional en embarazos adolescentes. Antonio Buljubacich, director provincial de Maternidad e Infancia, confirmó que la tasa de maternidad adolescente en el Alto Comedero ronda el 20 por ciento.
La media de embarazos en menores de edad en la provincia de Jujuy es de 16,2, superando a la nacional que es del 14 por ciento.
También resaltó que saben “por trabajar con UNICEF” – o sea ni siquiera es un organismo Nacional- que en cinco provincias del Norte, el 80 por ciento de los embarazos de menores de 15 años son producto de abusos, la mayoría de sus familias.
"La provincia de Jujuy presenta, conforme a estadísticas del Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud, altas tasas de niñas y adolescentes madres menores de 15 años, encontrándose por encima de la tasa media nacional." #NinasNoMadres pic.twitter.com/fv1V9a6StF
— Mercedes DAlessandro ? (@dalesmm) January 17, 2019
Por otra parte, Argentina tiene una de las peores tasas de la región: las cifras superan el promedio de América latina y el Caribe, que es 62 nacimientos por cada mil jóvenes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su informe “El poder de decidir. Derechos reproductivos y transición demográfica”.
La Campaña por el Derecho al Aborto, a través de un comunicado, repudió al director del hospital, Marcelo Villa, por contar con los recursos humanos y demorar la interrupción legal del embarazo de la niña que, “lejos de ser asistida y acompañada se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debiera estar a su servicio”.
La preadolescente fue abusada por un vecino de 58 años que, además de violarla, amenazó con matarla si lo contaba. Después de cinco días, la menor fue sometida a una cesárea, donde nació una beba de 700 gramos que fue separada para darla en adopción.
La consigna “césarea no es ILE (Interrupción legal del Embarazo)” se viralizó todos estos días por las redes. Obligar a parir es considerado “tortura” por las Naciones Unidas.