El gobierno nacional inició este martes el proceso licitatorio para obras viales en 3.353 kilómetros, bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP).
Agrupadas en 10 consorcios, 19 empresas nacionales y 7 internacionales presentaron un total de 32 ofertas para transformar más 3.300 km de rutas nacionales con obras que demandarán una inversión de u$s6.000 en 6 corredores que estarán en concesión por 15 años.
Para el Gobierno, en un contexto de controversia sobre la dureza del ajuste y la necesidad de mejorar el flanco fiscal, esta licitación se pareció a un verdadero tanque de oxígeno. Según las estimaciones de los funcionarios, habrá un impacto en las arcas fiscales por el ingreso de u$s 4.000 millones en concepto de impuestos.
Según adelantó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la mitad de ese monto beneficiará a las provincias. Además, el Gobierno apuesta al resultado de mediano plazo de estas obras en términos de reactivación de la actividad. Según el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se notará un impacto en mejora de costos logísticos gracias a las nuevas obras. Y cuantificó el ahorro en u$s20.000 millones al año.
El acto de apertura del sobre 1 de ofertas se realizó el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner (CCK), en Sarmiento 151, de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Finanzas, Luis Caputo, además del administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
Dietrich subrayó que las obras a realizarse en los seis corredores viales, en el marco de esta primera licitación de proyectos de PPP, “producirán una reducción enorme en los costos de logística, aumentarán la seguridad vial y mejorarán la conexión entre ciudades”.
En la primera etapa, se beneficiarán las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.
Los trabajos comprenden la construcción de 1.494 kilómetros de rutas seguras, 252 km de especiales, y 813 km de autopistas.
Los 10 consorcios están conformados por 13 empresas nacionales y 7 internacionales.
El ingreso de los grupos europeos al sistema merece un capítulo aparte. Es que se dio luego de una intensa negociación para que haya un tratamiento impositivo diferencial.
Concretamente, reclamaron (y el Gobierno accedió) que los contratos de PPP sean declarados de “interés nacional” y sean desgravados de IVA e Ingresos Brutos. Es decir, que tengan el mismo beneficio que las obras públicas tradicionales, exentas de ambos tributos.