La cifra es alarmante: unas tres millones de personas viven actualmente en villas de emergencia a lo largo de todo el país, de acuerdo al último relevamiento 2016 presentado por la organización TECHO. Un profundo estudio sobre 11 territorios nacionales reveló que uno de cada diez argentinos reside en hogares de condiciones habitacionales deficitarias.
El informe, presentado ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, fue una actualización del realizado en 2013 sobre las once zonas nacionales que concentran el 67 por ciento de la población total del país. Allí, se identificaron 2.432 asentamientos informales en el que viven al menos 2.993.151 personas y 650.685 familias.
“El problema es enorme y es histórico. Los asentamientos tienen un promedio de 28 años. Hay asentamientos que datan de hace un siglo. Y hemos dado cuenta del avance. Sabemos que se están haciendo cosas. En algunos barrios ya han llegado servicios pero no alcanza. El problema crece más rápido que las soluciones”, alertó Virgilio Gregorini, Director Ejecutivo de TECHO Argentina.
“El informe busca elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aceptar información precisa para la generación de políticas públicas que permitan abordar la problemática”, aseguró Marina Morgan, directora del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina.
La investigación se produjo en villas y asentamientos relevados en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Gran Corrientes, Gran Resistencia, Misiones, Alto Valle de Neuquén, Alto Valle de Río Negro, Salta, el área metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.
Así, se detectó que la Provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad de los asentamientos informales (1.352, el 55 por ciento del total), en los que se encuentran el 61,1 por ciento de las familias que viven en el país en esas condiciones.
Acceso a los Servicios
El acceso a los servicios básicos en las villas fue uno de los datos más alarmantes y preocupantes del relevamiento. TECHO informó que el 95 por ciento de las familias no tiene acceso al agua corriente, el 98 por ciento no cuenta con acceso regular a la red cloacal, mientras que un 16 por ciento de ellas bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus excreciones a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo cual genera un altísimo riesgo para su salud.
Además, en el 40 por ciento de esos hogares no ingresa ningún camión de basura, mientras que el 60 por ciento de los mismos se inunda cada vez que llueve.
“La solución de fondo es a largo plazo, pero en el corto hay que reaccionar ya porque hay gente que está habitando en condiciones muy peligrosas. Muchas de las propuestas de fondo implican cambiar cosas de nuestra sociedad y no van a ser sencillas. Muchas tienen que ver con la regulación del mercado suelo, que tantos intereses crea y genera. Entonces, es muy importante poder poner eso en la mesa”, afirmó Gregorini.
En comparación con el relevamiento del 2013, los conductores del estudio informaron que hubo muy pocos avances en los casos de esas personas comprometidas. Apenas 40.800 familias que viven en 136 asentamientos lograron mejorar su acceso a los servicios básicos u obtuvieron su título de propiedad. Incluso, en un mismo territorio donde en 2013 se registraron 2.138 asentamientos en el que residían 533.110 familias, en la actualidad se redujo a 2.062 asentamientos, pero el número de familias se incrementó un 11,5 por ciento a 594.970 en total.
“El Estado tiene que tomar acciones, tanto las correctivas de estos más de 2.400 barrios en estas condiciones, pero también preventivas. Se siguen generando asentamientos. Lo que significa que hay mucha gente cuya su única forma de acceder al hábitat y al suelo es a través de esta práctica”, finalizó Gregorini.
