Pese a las críticas de la oposición, el oficialismo impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y logró aprobar el proyecto de Presupuesto para 2015, que pasará al Senado para ser tratado.
Tras 14 horas de debate, el kirchnerismo, junto con sus aliados en la Cámara baja, le dio media sanción a la norma, que prevé una inflación anual de 15,6 %, un dólar oficial a 9,45 pesos y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,8 por ciento, con 133 votos afirmativos y 113 negativos.
El kirchnerista Roberto Feletti, miembro informante del oficialismo, defendió la propuesta del Gobierno y destacó que “es trascendente para el país defender” el proceso de reestructuración de la deuda externa para garantizar “la estabilidad democrática y avanzar en un presupuesto que tenga el equilibrio de los ocho años previos”.
Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que es “una absoluta mentira” que el Gobierno “esté incorporando descontroladamente empleo público”, y precisó que “la variable del gasto público da como resultado una consistencia absoluta del cambio fiscal”.
Críticas opositoras
Las críticas se fundamentaron en las previsiones sobre el nivel de inflación y otros aspectos macroenómicos. La oposición, al unísono, advirtió que las metas son incumplibles. Las tildaron de “dibujo” y de “ficción”. También cuestionaron el malgasto de los recursos públicos, la concentración de los fondos a favor de la Nación, en detrimento de las provincias, y el uso de los superpoderes presupuestarios, que permite al jefe de Gabinete reasignar las partidas a su discreción.
Las críticas se fundamentaron en las previsiones sobre el nivel de inflación y otros aspectos macroenómicos
Los legisladores apuntaron asimismo que en materia de salud las partidas aumentaron sólo un 8% respecto de 2014, muy por debajo de la previsión inflacionaria para el año próximo, del 15,6 por ciento. Y advirtieron que el Gobierno no cumple con la ley de financiamiento educativo, que exige un piso de 6% del PBI.
El radical Julio Cobos sostuvo que las previsiones del Gobierno “distan mucho de lo que hoy está ocurriendo, donde llevamos un estancamiento, según el Indec, con una proyección negativa para este año, una inflación que supera la estimación para el año entrante”.
La jefa del GEN, Margarita Stolbizer , también se manifestó en igual forma. “El presupuesto es un proyecto de ficción no sólo por la proyección macroeconómica y la de inflación, sino también por la falta de respuesta”, dijo.
Stolbizer también criticó las facultades delegadas al jefe de Gabinete y señaló que, recientemente, “en un sólo decreto de necesidad y urgencia, de un plumazo” aumentaron “el gasto en 160 mil millones” de pesos.
El diputado Martín Lousteau (Suma+UNEN), sostuvo que “hay que hacer un esfuerzo para presupuestar tan mal” y el massista Darío Giustozzi expresó que “además de ser inconsistente tiene una mala asignación de recursos y refleja la poca preocupación del Gobierno en materia de seguridad y de infraestructura”.
En tanto, el bonaerense Felipe Solá (Frente Renovador) definió como “ridículas” las cifras del presupuesto y advirtió que “no va a haber ajuste fiscal en un año eleccionario sino aumento de los gastos, muy por encima de lo que se dice, y el Banco Central va a dar 300 mil millones de pesos, el 6 por ciento del PBI, para que este presupuesto cierre”.
Desde el PRO, Federico Sturzenegger también confirmó el rechazo al proyecto.”Si los gastos crecen como los ingresos, el déficit público será cercano a casi 5 puntos del PBI y si se financia con emisión la misma sería de aproximadamente 80 por ciento de la base monetaria, generando expectativas de inflación crecientes”.
Deuda social
La “deuda social” del presupuesto también se verifica en menos recursos para las provincias (que en vez del 34% de los fondos coparticipables recibirán el 26%, alertaron); la construcción de menos viviendas que las anunciadas (en estos dos años, el programa Procrear adjudicó el 13% de los 200.000 créditos que se habían fijado como meta), y en fondos exiguos para la Sedronar, la secretaría dedicada a coordinar las políticas nacionales contra las adicciones.