El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, presentó este lunes su renuncia al cargo en el Tribunal Federal 6, que ocupa desde 1993. “Estoy hastiado de los últimos 4 años de erosión permanente de los medios”, dijo el magistrado luego de presentar su renuncia. “Presenté la renuncia porque lo manda la Constitución”, agregó.
“Estoy hastiado de los últimos 4 años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos”, explicó Canicoba Corral.
Canicoba Corral se hizo cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 durante la primera presidencia menemista y desde entonces estuvo a cargo de varias causas emblemáticas, como la que investiga el atentado a la AMIA y el Memorándum con Irán.
La renuncia fue presentada semanas antes de cumplir 75 años, la edad límite para jubilarse. Una de sus últimas medidas fue dictar la prohibición de salir del país y citar a prestar declaración indagatoria a los exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel en el marco de la causa de vialidad, en la que se investigan supuestas irregularidades en concesiones de peajes a la familia Macri durante el gobierno anterior.
Sobre el magistrado pesan cinco denuncias por presunto mal desempeño, dos de las cuales están vinculadas a su patrimonio, una por presunto cobro de sobresueldos por parte de la agencia Federal de inteligencia, otra por el supuesto pedido de coimas a un detenido y también otra por realizar vuelos privados pagados por empresarios a los que supuestamente debía investigar.
La última denuncia en su contra tiene que ver con que él y su pareja, la abogada Viviana Tejada, alquilan una casona en un barrio privado por 3.200 dólares, algo que no se condice con el nivel de vida del magistrado.
Otra de las denuncias es por el presunto cobro de sobresueldos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia, otra por el supuesto pedido de coimas a un detenido y una más por realizar vuelos privados pagados por empresarios a los que supuestamente debía investigar.
Las denuncias contra el magistrado fueron realizadas por el consejero de la magistratura Pablo Tonelli, por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, por el gremialista Omar el “Caballo” Suárez y por el contador forense Alfredo Popritkin.