Ahora, la empresa y su CEO, Mariano Otero, fueron condenados por la Justicia porteña a pagar multas de 60.000 pesos y a dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el transporte de pasajeros en la Ciudad, por organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. Tanto Uber como el fiscal Martín Lapadú, que impulsa la causa, anticipan que van a apelar.
El fallo lleva la firma del juez Ladislao Endre, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad, y quien ya condenó a varios choferes que usan la aplicación por ejercicio ilegal de una actividad.
Tanto a Otero como a la empresa Uber se les exige la “inhabilitación por el término de 2 años para que ejerzan cualquier actividad vinculada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros, tanto de la índole de la brindada por Uber, como de cualquier otra modalidad, de modo directo o indirecto, como también por sí o por intermedio de terceros”. Así se intenta eludir el principal argumento de Uber: que es una empresa de tecnología y no de transporte.
Como era de esperarse, en la empresa anticiparon que van a apelar. Y cuestionan: “Tras dos años y medio de investigación, la fiscalía no logró producir una sola prueba y sólo logró una multa en el marco de un código que trata inconductas menores”.