Rodolfo Corzo, el organizador y reclutador de la patota que agredió a los vecinos en la sede de la Comuna 4, el último cuatro de mayo, pidió ante la oficina del área conocida como Régimen de Agentes en Disponibilidad (RAD) del Gobierno porteño, que se anule el sumario en su contra, substanciado en ocasión de la gresca que él mismo provocó. Corzo es además el padre y homónimo del hombre que apareció en cámara esgrimiendo el cuchillo con el que apuñaló a Matías Scinica en el cuello. Corzo (h) tiene orden de captura, pero se mantiene hasta hoy en la clandestinidad.
El expediente se encuentra en estos momentos en la Procuración General de la Ciudad, que dictaminó por no conceder el pedido de Corzo, proponiendo esperar hasta que emita dictamen el presidente de la Comuna 4, Jorge Apreda, que inició sus actuaciones por pedido del propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La Procuración llamó la atención además sobre “la inveterada doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación”, que advierte que “el sobreseimiento definitivo de los agentes públicos en sede penal no obsta para que se valore su conducta en sede administrativa, y para que se les apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con las constancias del sumario administrativo”.
La Procuración intentó además notificar a los Corzo -ambos llamados Rodolfo- para que declaren en la causa administrativa que tramita, pero las cédulas fueron devueltas, ya que en el domicilio que consta en sus legajos no había nadie presente.
Corzo le envió a Apreda una nota para pedir el cierre del sumario en su contra y que se le garantice que va a ser reubicado en el cargo que ocupaba antes del cuatro de mayo, en la Policía Municipal. El patotero alegó que en el expediente “se encuentra imputado mi hijo y ninguna otra persona”, a lo que agregó que “en los incidentes no he sido imputado” y, en una dudosa afirmación, agrega que “fui lesionado físicamente”.
Casi en el colmo de la desfachatez, Corzo agregó luego que “a la violencia física sufrida, se ha sumado la violencia moral, perjudicándome enormemente con esa resolución por la que se me aparta de mis funciones sin ninguna razón que lo justifique”.
Desde que se confeccionó el sumario, los Corzo -el padre trabaja en la Policía Comunal y el hijo en una empresa que presta servicios tercerizados en la misma Comuna- se encuentran en disponibilidad, por lo que perciben su salario pero no prestan servicios.
La causa judicial
Matías Daglio, de la agrupación Boca es Pueblo, que fue uno de los agredidos y declaró además en la causa, manifestó a Noticias Urbanas que “me tocó declarar recién el jueves 7 de julio, más de dos meses después de que ocurrieron los hechos que hemos denunciado. Tampoco hemos sabido si los agresores, que están todos identificados, declararon”.
Por su parte, Pablo Rabey, que es abogado y también declaró en la causa porque estaba presente el día de la agresión, aseguró a Noticias Urbanas que “quedó probada la agresión, no sólo por lo que declaramos, sino porque existen pruebas fílmicas abrumadoras. Hasta ahora, a no ser que aparezcan presiones políticas, pensamos que el fiscal Marcelo Munilla Lacasa va a pedir que la causa sea elevada a juicio oral”.
Rabey agregó luego que “las cámaras que estaban en la calle son, aparentemente de tan baja calidad que no se puede distinguir a los agresores de Fernando Abal Medina. Las cámaras filmaron , pero en esta parte de la causa, al contrario de lo que pasó con las agresiones producidas dentro del edificio, sólo puede haber testimonios, porque Abal Medina salió solo para llamar una ambulancia para atender a Matías Scinica y lo golpearon con caños en la cabeza”.
“Es sorprendente que no haya hasta hoy más órdenes de captura que la que se libró contra Rodolfo Corzo hijo. Lo otro que nos preocupa es la lentitud con la que transcurre la causa”, expresó Rabey, coincidiendo en su diagnóstico con el de su compañero Matías Daglio.